Maza ordena investigar a los alcaldes del referéndum
• Acuerda interrogarles por desobediencia, prevaricación y malversación • Si los ediles no comparecen los Mossos deberán detenerles y trasladarles hasta la Fiscalía
La Fiscalía General del Estado ordenó ayer abrir más de 700 investigaciones contra los alcaldes que han expresado su intención de colaborar en la celebración del 1-O. La instrucción dictada por el fiscal general, José Manuel Maza, contempla por primera vez de forma expresa detenciones relacionadas con la consulta.
Maza ordena a los responsables de las fiscalías de Cataluña tomar declaración como imputados a todos los alcaldes, que deberán comparecer en las correspondientes fiscalías para ser interrogados por desobediencia, prevaricación y malversación. La instrucción especifica que si no comparecen se ordenará su «detención y presentación en Fiscalía» para tomarles declaración. Ese arresto deberá ser practicado «en el plazo más breve posible» y específicamente por «los Mossos d’Esquadra», actuando como Policía Judicial.
La Fiscalía explica que, según los datos recopilados por la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), hasta el lunes a mediodía se habían adherido al 1-O un total de 712 localidades. Ante el elevado número, la instrucción precisa que se comenzará a actuar por los municipios más poblados.
Tras conocer la instrucción, la CUP anunció que sus 30 alcaldes «no comparecerán» voluntariamente, y emplazó al resto de fuerzas políticas a «hacer lo mismo». La CUP gobierna en 28 ayuntamientos y en otros dos –Sabadell y Badalona– forma parte de la coalición que lidera los consistorios.
Desde la Generalitat, el consejero de Presidencia y portavoz, Jordi Turull, aseguró tras un acto en Madrid quela decisión del fiscal sirve para «incrementar» el compromiso independentista. Por su parte, tanto la AMI como la también independentista Asociación Catalana de Municipios (ACM) convocaron un acto de protesta el sábado en la plaza de Sant Jaume de Barcelona.
La instrucción de Maza va dirigida a los fiscales jefe de Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona. Será en la sede de esas fiscalías donde se cite a los alcaldes, salvo allí donde se hayan creado fiscalías de área, que se encargarán de gestionar los respectivos municipios. Existen localidades que también han aceptado ceder sus locales para el referéndum pero que no pertenecen a la AMI. La Fiscalía también abrirá diligencias contra sus alcaldes.
En concreto, el documento de la Fiscalía General ordena que «se proceda a incoar diligencias de investigación, en relación con cada uno de los ayuntamientos radicados en la respectiva fiscalía [...] y se cite, por medio de la Policía Judicial, al alcalde, para que en relación con los presuntos actos de cooperación en la organización del referéndum ilegal declare en calidad de investigado y asistido de letrado».
En caso de incomparecencia del alcalde, Maza ordena «acordar su detención y presentación en Fiscalía, oficiando a los Mossos d’Esquadra como Policía Judicial para que la lleven a efecto en el plazo más breve posible».
Antes de ordenar los interrogatorios, el escrito del fiscal general expone las distintas resoluciones del Tribunal Constitucional suspendiendo la celebración del referéndum. Y especifica que «entre los destinatarios» de la resolución que el 7 de septiembre suspendió la ley de medidas complementarias necesarias para el 1-O se encontraban «los alcaldes de todos los municipios de Cataluña».
El escrito añade que «la notoriedad de la prohibición» de actos dirigidos al 1-O «hace que cualquier conducta de autoridades, funcionarios públicos o de particulares en connivencia con los anteriores dirigida a tal fin» sea indiciariamente constitutiva de tres delitos.
El de desobediencia, porque «supondría un incumplimiento manifiesto de las resoluciones del TC»; el de prevaricación, «en cuanto supondría la adopción de resoluciones abiertamente contrarias al ordenamiento jurídico»; y el de malversación de caudales públicos, porque implicaría «la disposición de fondos públicos para la realización de actividades delictivas».
En los tres supuestos, el fiscal general recuerda las penas que acompañan a los delitos: multa e inhabilitación el primero, inhabilitación el segundo y cárcel e inhabilitación el tercero. En el supuesto de la malversación, el delito más grave de los tres, precisa incluso la extensión de las penas a imponer, que serían de hasta ocho años de cárcel y hasta 20 de inhabilitación.
El Ministerio Público adoptó ayer otra medida de relevancia. Tras haberlo hecho con los Mossos d’Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil, la Fiscalía ha sumado a la Policía Local a sus planes para frenar el 1-O. En concreto, los fiscales jefe de las cuatro provincias catalanas ordenaron comunicar a las policías locales de todos los ayuntamientos catalanes que «procedan a investigar cualesquiera hechos encaminados a organizar el referéndum ilegal y a intervenir los efectos o instrumentos destinados a prepararlo o celebrarlo».
En concreto, la Fiscalía indica que los policías locales tendrán
La instrucción del fiscal general del Estado afecta a más de 700 regidores El Ministerio Público también ordena a las policías locales que impidan la consulta
que requisar elementos como papeletas, urnas u ordenadores. Las órdenes deben ser transmitidas a las policías locales por parte de los Mossos d’Esquadra.
Por otra parte, el juez de Barcelona que mantiene abierta una investigación en torno al 1-O ordenó ayer el cierre de la web oficial del referéndum, que dejo de estar operativa a media tarde. Poco después, el propio presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, difundió en las redes sociales los nuevos enlaces de la web del referéndum para esquivar así el cierre del dominio original llevado a cabo por la Guardia Civil.