EL TC, CONTRA LA ‘JUNTA ELECTORAL’

El Pleno del Tribunal Constitucional dio ayer un paso más ante la desobediencia a sus resoluciones sobre el 1-O. Los magistrados decidieron activar contra los siete titulares y suplentes de la Sindicatura Electoral de Cataluña –equivalente a la Junta Electoral Central– el artículo que permite la imposición de medidas cautelares por desobediencia.

La actuación de los magistrados no fue instada por la Abogacía del Estado, sino por propia iniciativa. La Abogacía del Estado presentó un escrito en el que pedía al TC que extendiese a los síndicos recién nombrados la misma orden de no seguir adelante con el 1-O. Los jueces comprobaron así que los primeros siete síndicos apercibidos no habían obedecido su notificación del día 7, que les imponía específicamente no cumplir con la ley que les ordenaba designar a otros síndicos.

Así pues, el Pleno dio 48 horas a esos siete presuntos desobedientes para que expliquen su actuación. A continuación, el TC podrá acordar alguna de las medidas que prevé la ley: multas incluso diarias, suspensión de funciones, petición de ayuda al Gobierno o puesta en marcha de una investigación penal.

Esta última sería la medida más probable, puesto que ya ha sido usada contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y es una medida cuya aplicación no discute ninguno de los miembros del TC. Otra opción es que los afectados alegaran que hicieron los nombramientos antes de recibir la notificación del TC. Eso les salvaría de esta desobediencia, pero no de las siguientes.