Disolución con una dirección clandestina
Hace ya tiempo que sabemos que ETA está debatiendo internamente el modo de confirmar su disolución. Lo publicamos cuando anunció la entrega de armas y después la banda emitió un comunicado reconociendo el debate. Inicialmente se produjo la discusión sobre si sus reclusos debían aceptar o no los beneficios penitenciarios para salir antes de tiempo y el nombramiento de la dirección en las cárceles en la que se encuentran reclusos como David Pla o Iratxe Sorzabal. Después, la escenificación del asunto del armamento. Y ahora el documento sobre la disolución que, por cierto, según sus previsiones tenía que haber quedado cerrado antes del pasado verano y ahora se anuncia para el próximo.
ETA puede venderlo como le de la gana, pero todo esto estaba muy lejos de sus planes. Si antes de ser barrida operativamente cualquiera de sus miembros hubiera sugerido la bondad de dar esos pasos, le hubieran pegado tres tiros. Según la información de la que disponen las Fuerzas de Seguridad, es la izquierda abertzale la que está impulsando la redacción del texto de disolución hasta el punto de que algunos de los huidos, cuya participación está siendo manifiestamente limitada o inexistente, se han lamentado amargamente. «Es que nos están disolviendo», se quejan. Y eso es, en realidad, lo que pone en los extractos del documento publicado por Gara.
Ese documento trata de enmascarar el hecho de que ETA no está en esta posición porque quiere, sino porque fue derrotada operativamente. «Es la situación más beneficiosa para nosotros», se justifica. «Nadie entendería que ETA se arrogase la dirección, la dinamización o la referencia del proceso independentista», razona. Todo parches en una organización que dijo que jamás se disolvería y que anunció, tras el «cese definitivo», que pensaba asumir el papel de faro y guardián de las esencias. Sin embargo, hay dos asuntos importantes que no hay que perder de vista. Gara no ha considerado conveniente publicar la parte en la que ETA sostiene que, tras la disolución, piensa dejar una dirección clandestina de 20 miembros que permanezca mientras haya presos y que gestione lo que llama «la herencia». Eso sería una disolución rara. Incluso puede ser considerada una no disolución. Y si ETA quiere que sea clandestina es porque sabe que puede dificultar la salida de sus presos, que no podrán desvincularse de algo que sigue existiendo. Y porque puede dificultar los hipotéticos acuerdos de la izquierda abertzale con el PNV u otras fuerzas para «recorrer el camino de la construcción del Estado vasco».
Así, la banda reconoce que no ha logrado sus objetivos –importante esa humillación–, pero insiste en que la «izquierda abertzale no abjurará de sí misma» y «ETA no renegará de su aportación». Probablemente el gran error de la lucha contra ETA fue no exigir a Sortu y a Bildu que condenasen los atentados de la banda y abjurasen de su trayectoria públicamente antes de legalizarlos y perimitir que accediesen a las instituciones de nuevo. La organización terrorista ya no es nadie, no condiciona nada, pero existió –ahí las víctimas– y existe, aunque esté huida y en prisión. Esa realidad debería impedir el blanqueamiento de la izquierda abertzale.
Y también debería estimular la acción estratégica del Gobierno. El espectáculo de la entrega de armas no debió producirse, lo ocurrido en Andoain con los Pagaza, tampoco. Y la disolución no solo no debería convertirse en un acto de propaganda sino que a la banda tendría que quedarle claro que ese anuncio no borra los pagos y la información pendientes.
«Es que nos están disolviendo», se quejan algunos huidos de ETA, en referencia a Bildu