Maduro quiere ahora unas macroelecciones para abril
«Venezuela sabe que más elecciones es democracia. Yo quiero votos y decisión popular», se justificó ayer Nicolás Maduro para sustentar su propuesta de megaelecciones para el 22 de abril, día en el que están programados los comicios presidenciales, a los que el chavismo pretende sumar las parlamentarias y las elecciones de las cámaras regionales y los concejos municipales.
Esta estrategia supone la disolución del Parlamento, de mayoría opositora, al que todavía le restan tres años de ejercicio, en un acto inconstitucional. La Asamblea Constituyente revolucionaria ya trabaja para imponer la orden presidencial al Consejo Nacional Electoral (CNE).
La respuesta del chavismo contra la recobrada unidad en la oposición, que ha decidido no acudir a las elecciones, supone redoblar su órdago político, pese a que expertos electorales consideran esas megaelecciones «técnicamente imposibles».
«¿Qué quiere la MUD? O es la patria o son ellos. O es la paz o es la guarimba [protestas]. O son elecciones libres o el golpe de Estado que ellos quisieran dar», insistió el primer mandatario, sabedor de que necesita un rival para enfrentarse en unas elecciones hechas a su medida, con ventajismos, artimañas, árbitro y todo el aparato del Estado a su favor.
Precisamente ayer se conoció la retirada del precandidato Claudio Fermín, aunque todas las miradas políticas se centran ahora en el ex gobernador Henri Falcón, quien parece dispuesto a apartarse de la MUD para presentarse como candidato. No obstante, la última jugada del Gobierno y la unidad férrea del país opositor y antichavista han aumentado sus dudas, tras reconocer que no hay tiempo ni condiciones mínimas para las macroelecciones. «Estamos en permanente evaluación», aireó a través de sus redes sociales.
La excusa oficial manejada por el hijo de Chávez para su última sorpresa es «que no haya más elecciones en cuatro años» para así centrarse en la economía, una noticia que hizo palidecer a buena parte del país: Venezuela vive desde hace dos años en estado de excepción por emergencia económica, durante los cuales el PIB cayó un 24% y la inflación se disparó por encima del 2.600% en 2017, pese a que Maduro contó con los plenos poderes que le confiere el decreto.