Baleares crea una oficina de denuncias a funcionarios que no usen el catalán
Baleares creará un organismo público para exigir la utilización de esta lengua
El Ejecutivo autonómico balear de coalición de socialistas y nacionalistas liderado por la presidenta del Govern, Francina Armengol (PSOE), en su obsesión por imponer el catalán como lengua única de uso oficial en las Islas, ha iniciado el proceso para crear por decreto la Oficina de Derechos Lingüísticos (ODL), similar a la que en 2017 impulsó la Generalitat Valenciana, también bajo un gobierno de la izquierda nacionalista y con la que ya cuenta Cataluña. Es decir, el arco mediterráneo catalanoparlante. El objetivo es el mismo en todos los casos, si bien en Baleares nos encontramos en un proceso aún embrionario: «Garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos» tal y como reza el acuerdo firmado por la directora general de Política Lingüística, Marta Fluxà, adscrita a la Conselleria de Cultura, Participación y Deportes liderada por la consellera nacionalista (representante de Més) Fanny Tur.
Una defensa de los derechos lingüísticos que costará a los contribuyentes un mínimo de 100.000 euros ya presupuestados y que, en realidad, esconde una defensa a ultranza del uso del catalán en Baleares, ya convertido en la práctica en la lengua de referencia única en la enseñanza pública en todos sus niveles y en la relación de la administración balear con los ciudadanos de las Islas. Pese a este monolinguismo catalán, el Govern balear quiere ir un paso más allá y como se recoge en el acuerdo que da origen a la creación de la ODL, «a pesar de los instrumentos legales que garantizan los derechos lingüísticos, los ciudadanos pueden encontrarse en situaciones de vulnerabilidad lingüística».
Por ello, dicen, y con el fin de que esto no ocurra y ser corregido por la autoridad política competente, el Gobierno de las Islas Baleares «quiere poner fin a estas situaciones, y una manera positiva de hacerlo es proporcionando a la población información sobre sus derechos lingüísticos y facilitando herramientas para conseguir erradicar actuaciones contrarias al respeto de estos derechos. Es por este motivo que se pretende crear la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos».
Detrás del parto de este organismo público están las históricas subvenciones que la coalición de socialistas y nacionalistas proporcionan a entidades secesionistas afines al procés catalán, entre otras, la Obra Cultura Balear (OCB) o Joves per la Llengua.
La aprobación del proyecto de decreto por el que se creará esta oficina lingüística se hace, según reza el acuerdo autonómico, «para garantizar el derecho de los ciudadanos a utilizar la lengua oficial que elijan, de acuerdo con el marco legal establecido», dado que, según la Constitución española y el Estatuto de autonomía de las Islas Baleares, «nadie puede ser discriminado por razón del idioma».
No obstante, la primera medida aprobada por el actual Govern balear en el verano de 2015 fue acabar con la libre elección de lengua en los centros de enseñanza, que imposibilita en la práctica el uso del castellano en la docencia, o la supresión de los premios de Ciutat de Palma de novela y poesía en esta lengua, medida adoptada por el Ayuntamiento de la capital balear.