Salvini canta ‘victoria’ tras acoger Sánchez el barco de inmigrantes
El ministro del Interior italiano proclama ‘objetivo cumplido’ al evitar el desembarco del ‘Aquarius’ El Gobierno español acepta recibir en Valencia a los 629 subsaharianos rescatados Las ONG aplauden la decisión, pero reclaman cambios urgentes en la po
«Victoria. 629 inmigrantes en dirección a España. Primer objetivo cumplido». Con este tuit acogió ayer el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, la decisión del Gobierno español de ofrecer Valencia como puerto donde poder refugiarse el Aquarius, un barco con 629 inmigrantes a bordo que el flamante Ejecutivo populista transalpino se negaba a acoger. La Unión Europea y las ONG aplaudieron al presidente Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez dio ayer otro golpe de efecto al tomar su primera decisión importante en política internacional. El presidente del Gobierno anunció que España acogerá al buque Aquarius, a la deriva en Italia con 629 inmigrantes a bordo. De inmediato, provocó una reacción positiva en las instituciones internacionales y europeas, así como en organizaciones de todo tipo, aunque también despertó cautelas.
El presidente se reunió a primera hora de la mañana en Moncloa con la vicepresidenta, Carmen Calvo, y le dio instrucciones para que coordinase la acogida del Aquarius y así evitar «una catástrofe humanitaria».
El Gobierno italiano, en el que están los ultras de la Liga, y el de Malta, habían vetado la acogida del barco, a pesar de la crisis humanitaria en ciernes que puede afectar a inmigrantes de 26 países. Entre ellos, hay 123 menores no acompañados por adultos, 11 niños muy pequeños y bebés y siete mujeres embarazadas, según un recuento de Unicef.
Si todo va bien y no hay un país más próximo que haga un gesto similar, el Aquarius podría llegar el viernes a España. Aquí, los inmigrantes serían inmediatamente tratados y trasladados a centros seguros de acogida, según el Ejecutivo.
Desde ayer, el Govern de la Generalitat valenciana, Cruz Roja y diversas ONG humanitarias empezaron a preparar la acogida. Fuentes de Moncloa no descartaron en conversación con EL MUNDO que el propio Pedro Sánchez pudiera viajar a Valencia para recibir al barco.
De inmediato y tras el anuncio, se empezaron a multiplicar ofrecimientos de gobiernos autonómicos y de alcaldes de toda España para colaborar en la acogida de los inmigrantes, incluidas las regidoras de Madrid, Manuela Carmena, o Barcelona, Ada Colau.
Eso sí, Médicos sin Fronteras (MSF) –que tiene voluntarios a bordo del barco– advirtió ayer de que se trata de un viaje difícil y largo para un buque con sobrecarga. Y añadió que muchos de los inmigrantes presentan ya un mal estado de salud. «Un viaje de tres días a Valencia en un barco que supera su capacidad máxima es inseguro», resaltó.
Según David Beversluis, médico de MSF a bordo del Aquarius, la situación médica es estable, pero «existe el riesgo de que empeore a lo largo de la noche al no tener capacidad médica para atender a muchos de nuestros pacientes». «La mayoría de las personas», añadió, «tiene síntomas de fatiga y deshidratación».
En España y tras reunirse con Sánchez, Carmen Calvo llamó al ministro de Exteriores, Josep Borrell, y a la de Trabajo, Magdalena Valerio, para que coordinen las acciones de sus departamentos.
Acto seguido, telefoneó al presidente de la Generalitat valenciana, el también socialista Ximo Puig, para informarle de que el puerto elegido para su acogida es el de Valencia. Su alcalde, Joan Ribó, fue el primero en ofrecer su ciudad.
Borrell explicó por la tarde los motivos de esta decisión: «España ha roto una actitud de mirar para otro lado». La decisión fue «personal y directa» de Sánchez, como explicaron tanto desde Moncloa como el jefe de la diplomacia española.
Como añaden fuentes del Gobierno, la acogida del Aquarius supone que España «cumpla con los compromisos internacionales en materia de crisis humanitarias». «Es nuestra obligación ayudar a evitar una catástrofe humanitaria y ofrecer un puerto seguro a estas personas, cumpliendo con las obligaciones del Derecho Internacional», aseguró el Gobierno en un comunicado.
Borrell incidió en que la inmigración es «un problema de todos» que hay que abordar «de manera solidaria». Y, por eso, añadió, hay que ponerlo «en la mesa del Consejo Europeo» que se reunirá a finales de junio en Bruselas. El titular de Exteriores añadió que el gesto de España es «un acto simbólico y efectivo» para poner de relieve en el próximo Consejo que este asunto debe ser acometido «de manera solidaria y coordinada» entre todos los estados miembros de la Unión Europea».
«Es un problema de todos, no un año de Grecia, al año siguiente de Italia y al siguiente puede que nos toque a nosotros», dijo gráficamente el que fuera también ministro de Obras Públicas con Felipe González.
La ministra de Trabajo y Migraciones, Magdalena Valerio, explicó ayer que el Gobierno está coordinando las peticiones de todas las comunidades autónomas, ayuntamientos, organizaciones sociales y ONG que quieren ayudar en la llegada del barco: «Todos se van a volcar para dar una salida a esta crisis humanitaria», aseguró.
Ayer por la noche, sin embargo, la nave Aquarius seguía esperando instrucciones en alta mar porque aún necesitaba instrucciones formales de los centros de coordinación de rescate marítimo de Roma y Madrid.
Sánchez propondrá en el Consejo Europeo de junio una política común de inmigración
Médicos sin Fronteras alerta de que un viaje de tres días puede empeorar la situación
nas que llegan a sus fronteras y de reunificar a las familias». Y en esa responsabilidad de la UE, Amnistía Internacional señala el deber de España y su presidente, Pedro Sánchez: «A finales de junio, el Gobierno español tendrá la oportunidad de defender esta reforma del sistema de asilo en la reunión de Consejo Europeo de Jefes de Gobierno».
Lara Contreras, coordinadora de Relaciones Institucionales de Oxfam Intermón: «Bien por la reacción inmediata, porque lo primero es satisfacer las necesidades básicas de estas personas, pero Pedro Sánchez no puede quedarse ahí; debe llamar a Bruselas y dar un toque a Italia y a Malta para decirles que es un problema de todos y que hay que garantizar que se comparta la responsabilidad».
La catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense y experta en migraciones, Margarita Martínez Escamilla, aplaude la «respuesta inmediata» de España. «Tenemos el deber moral y jurídico de auxiliar a esas personas. No hacerlo sería una ignominia». Y eso, «con independencia de que el problema sea complejo y concierne a toda Europa».
Martínez Escamilla, autora de numerosos informes jurídicos críticos con las políticas restrictivas en frontera y con las devoluciones en
caliente, señala el peligro de discursos como el de Salvini. «Las palabras del ministro italiano recuerdan demasiado a los totalitarismos que hundieron a Europa en el abismo de la barbarie. Ha de lanzarse un mensaje claro frente a esos nubarrones del fascismo».
Para la responsable de Incidencia Política de Unicef, Cristina Junquera, «lo más importante es que hay 123 niños que viajan solos» y la solución «ha sido un alivio desde el punto de vista humanitario». «Ahora bien, lo que la UE tiene que hacer ya es cumplir con los compromisos suscritos, porque muchos no se están cumpliendo y todos los países están cerrando los ojos. Esto no va a acabar aquí, porque estas personas van a seguir llegando».
Ramón Cosío, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), considera la acogida de «sentido común» por «una cuestión humanitaria», pero advierte de un posible «efecto llamada»: «Puede provocar un cambio en los flujos migratorios, de tal forma que la ruta de Libia se redirija hacia las costas de Marruecos porque se vea que es más fácil». «Entiendo que hay que dar asistencia a estas personas, pero la UE tiene que asumir el coste de recursos económicos y materiales. Es un problema de la UE, no de España».
Fuentes de la lucha contra la inmigración irregular ven la decisión de España «adecuada y viable» desde un punto de vista jurídico. «Si los países que tienen la obligación primaria de hacerse cargo no acogen a estas personas, técnicamente se puede hacer. Todo es cuestión de voluntad política».
Las fuentes consultadas hacen notar que «quienes han asesorado al presidente del Gobierno han sopesado los pros y los contras y habrán visto que políticamente le va a dar más beneficios que contrapartidas».
Los expertos no recuerdan precedentes de esta situación, salvo «hace muchos años, cuando un buque mercante español que navegaba por el Mediterráneo realizó un rescate de inmigrantes y fue de puerto en puerto tratando de ubicarlos, pero ningún país se avenía a acogerlos. Al final, se llegó a un acuerdo en Europa para repartirlos entre distintos estados y España acogió a varios».