Maestros del IES El Palau investigados piden el traslado
Las heridas abiertas en el Instituto de Educación Secundaria El Palau de Sant Andreu de la Barca tras el 1-O que llevaron a la Fiscalía a denunciar a nueve docentes por el presunto trato vejatorio a alumnos hijos de guardias civiles siguen sin cerrarse. Una treintena de profesores del centro ha pedido el traslado para el próximo curso. De ellos, hay ocho de los nueve docentes denunciados por el Ministerio Público pese a que los juzgados de Martorell investigan a cuatro.
Los 30 maestros que piden un cambio suponen la tercera parte de la plantilla docente del instituto. El delegado de la CGT y profesor del centro, Josep Lluís del Alcázar, explicó a Europa Press que todavía no está cerrado el número de solicitudes y que el curso acabó mejor de lo que hacía presagiar tres meses antes, con la denuncia de la Fiscalía a finales de abril. Los docentes temen que siga el «foco mediático» en el instituto, ya que el proceso judicial sigue abierto, por lo que esperan tomar distancia para rebajar la tensión. La imagen de los ocho maestros apareció en este diario tras la acusación del fiscal, lo que provocó una investigación del Consell de la Informació.
La Fiscalía considera que pudieron cometer un delito contra los derechos fundamentales, como lesionar la dignidad de las personas por su nacionalidad y por «injurias graves» contra los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, al afear a los alumnos el papel de la Guardia Civil durante el referéndum. En un comunicado, el profesorado del centro hizo «un llamamiento a la solidaridad» y aseguró haberse «sentido víctimas de una campaña que pretende desacreditar el modelo público catalán, atribuyéndole una función adoctrinadora y promotora de una división inexistente».
En el Congreso de los Diputados, el parlamentario del PDeCAT Sergi Miquel pidió ayer amparo al Gobierno para proteger a estos docentes, porque «están siendo señalados» y «el ambiente es irrespirable». En la misma línea habló Joan Olòriz, diputado de ERC, que instó al Ejecutivo a «no tocar la escuela, por favor».
La ministra de Educación, Isabel Celaá, respondió ofreciendo «respeto» y «presunción de inocencia». «¿Cómo no van a tener la presunción de inocencia? No hay sentencia firme», expresó. «Lo que hay que garantizar es la convivencia escolar. El propio centro tiene que generar un ambiente positivo», destacó Celaá.