El fiscal de los ERE: Chaves y Griñán tomaron la decisión de «no ver más»
La Fiscalía sostiene que los acusados en los ERE establecieron un sistema «opaco»
Anticorrupción considera que los acusados en la pieza principal de los ERE establecieron un sistema «opaco» que eliminaba todos los controles con el «objeto de dar rapidez y agilidad».
La Fiscalía Anticorrupción considera que los acusados en la pieza principal de los ERE «no quisieron ver más», pese a la información de que disponían al respecto del riesgo de menoscabo de los fondos públicos. «Tomaron la decisión consciente de no querer ver más, y ese ‘no querer más’ hizo que no se hablara de la constatación de un daño efectivo, real y cuantitativamente muy importante», subraya en su informe el Ministerio Público.
La Fiscalía continuó ayer leyendo ante el tribunal de la Audiencia de Sevilla su informe final en el que acusa a un total de 21 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
En sus conclusiones pone el acento en que el mecanismo habilitado para el pago de las ayudas de los ERE no permitió la fiscalización previa. «No es ni fue posible dicha fiscalización», afirmó el Ministerio Público, dado que «ni había documentación disponible, porque las ayudas no se registraban en ningún sitio, ni era posible comprobar si en la partida 31-L había crédito y tampoco era posible comprobar el grado de ejecución de las mismas». Lo que «impidió que se detectaran y subsanaran las irregularidades por parte de la intervención».
A este respecto, el Ministerio Público considera que durante el juicio ha quedado probado que «durante diez años se estableció un sistema de concesión opaco, totalmente opaco, para el conjunto de los ciudadanos y para la Intervención de la Junta», que eliminaba todos los controles posibles con el «objeto de dar rapidez y agilidad» a las ayudas.
Además, rechazó la tesis de que el Parlamento tuvo conocimiento expreso de los mecanismos de gestión de las ayudas, uno de los argumentos repetidos por las defensas en su afán de demostrar que todo el procedimiento estaba avalado por la Ley de Presupuestos aprobada en la Cámara autonómica.
De hecho, la Fiscalía no está de acuerdo en que los diputados conocían esos mecanismos a través de la información que se facilitaba a la Oficina de Control Presupuestario, un órgano dependiente del Parlamento. A este respecto, asegura que en la documentación que se hacía llegar a los diputados «no se recoge ninguna expresión que permitiera pensar que la agencia IDEA/IFA se hubiera convertido en una caja pagadora de los ERE». Es más, subraya que, de alguna manera, el Parlamento podía tener la idea de que el IFA gestionaba en su totalidad la ayuda pero «de pagar las pólizas no se dice nada».
En un momento de su informe, los fiscales reproducen una expresión que atribuyen a Juan Márquez, que sucedió a Javier Guerrero al frente de la Dirección General de Empleo: «Primero vamos a pagar y después vendrán los papeles». Esta frase, que viene a resumir la dinámica de funcionamiento de la Consejería de Empleo, se la habría dicho el ex alto cargo a un empresario que, a su vez, la reprodujo textualmente en una carta enviada a la Junta para reclamar el cumplimiento de sus compromisos, y que obra en el sumario.
La Fiscalía Anticorrupción considera también demostrado que los imputados tuvieron conocimiento a través de los informes de cumplimiento financiero del IFA de que se estaba produciendo una infracción de la Ley General de la Hacienda Pública. Por todo ello, el juicio por la pieza principal de los ERE no es, a juicio de la Fiscalía, un procedimiento viciado por un juicio «con sesgo retrospectivo», ya que hubo quien advirtió de lo que estaba ocurriendo y del daño para las arcas de la Junta sin que se establecieran medidas correctoras.
La frase que resume la causa: «Primero pagamos y después vendrán los papeles»