Un decreto ley de suma cero
La iniciativa lanzada ayer por Pedro Sánchez para compensar el fallo del Supremo a favor de los bancos no está justificada por la urgencia ni por su sentido, que ya estaba pactado en el Congreso.
¿Qué se pretende con la nueva Ley hipotecaria?
Adaptar la normativa española a las directivas europeas y conseguir un marco regulatorio en el que queden más definidas las obligaciones y derechos de bancos y consumidores. Además de a prácticas comerciales abusivas y al despegue de una activa industria de defensa de derechos de consumidores, se achaca buena parte de la litigiosidad a un marco que ha sido más que superado y cuya aprobación, además, lleva un retraso parlamentario de más de dos años.
¿Ha influido este retraso en las demandas contra la banca?
Los partidos en el Congreso han dilatado un acuerdo sobre esta Ley hasta que la Comisión Europea les ha advertido con multas de 100.000 euros diarios desde este mes de octubre. Por ese motivo, la ministra de Economía Nadia Calviño pidió a los partidos acelerar los trámites ya en septiembre. La sentencia del Supremo el pasado 18 de octubre llegó con casi todo el texto acordado.
¿Qué queda por definir?
Ciudadanos propuso la semana pasada fijar por Ley un reparto de gastos como gestoría, impuestos, tasación... El PSOE aceptó y el PP tenía también sus propias propuestas. Sólo queda intercambiarlas el próximo martes. Entre los temas pendientes de acuerdo está la dación en pago o ciertas atribuciones de los notarios.
¿Es cierto que los bancos traspasarán el impuesto a sus clientes?
Si se atiende a lo que dijeron los consejeros delegados de los principales bancos la semana pasada, la intención es repercutirlo en gran parte o en su totalidad, bien a través de comisiones, bien a través de un mayor diferencial en el tipo de interés.
¿Hacía falta entonces un decreto ley?
No, si se tiene en cuenta que el propio Congreso iba a pactar un acuerdo en el mismo sentido y convertirlo en ley este mismo mes. La urgencia no tiene sentido jurídico.
¿A quién beneficia la seguridad jurídica que aportará la nueva ley?
La aspiración de los partidos es que reduzca una litigiosidad entre bancos y clientes que comenzó con las preferentes hace 10 años y, pasando por la salida a Bolsa de Bankia o las cláusulas suelo, en sus últimos capítulos ha afectado de lleno al mercado hipotecario. La seguridad jurídica protegería una cartera de créditos superior a 500.000 millones de euros. Pero también hace factible las compras y ventas de viviendas por parte de particulares. Sin crédito, no hay traspasos ni mercado de viviendas en propiedad.
¿Terminará la guerra entre bancos y clientes con la nueva ley?
Depende de lo acertados que estén los partidos pero no acabará a corto plazo. Es muy probable que el impuesto de AJD acabe siendo juzgado en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde hay sentencias pendientes contra los bancos durante al menos los próximos dos años.