Artur Mas alega que no fue avisado de que era ilegal el 9-N
La defensa del ex president de la Generalitat Artur Mas, condenado por su impulso al referéndum ilegal del 9-N, apeló ayer a la «ecuanimidad» del Tribunal Supremo y a que no había sido apercibido expresamente de que incumplía la ley con su conducta para pedir su absolución.
Artur Mas fue condenado por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a dos años de inhabilitación, mientras que la ex vicepresidenta del Govern Joana Ortega, fue castigada con un año y nueve meses de inhabilitación, y la ex consellera Irene Rigau a un año y medio por su impulso a la celebración de la consulta del 9 de noviembre de 2014, pese a que había sido declarada inconstitucional.
El fiscal replicó a los argumentos del letrado defensor de Mas, Xavier Melero, asegurando que los tres sabían «perfectamente» que «aquello que habían convocado era una actuación inconstitucional», informa Efe. «Lo que es formalista es pretender venir a señalar que porque no se hizo un apercibimiento no se puede incurrir en una responsabilidad penal», concretó.
La Fiscalía se pronunció así en contra del recurso de los condenados por el TSJC, por entender que cometieron una serie de actos «activos y necesarios» para mantener la votación e incluso impulsarla pese a la suspensión cautelar del TC, lo que supuso un «desafío a la legalidad».
La Fiscalía abundó en la responsablidad de Artur Mas al recordar que él mismo, «en un alarde ante la prensa», se señaló explícitamente: «Si la Fiscalía quiere conocer quién es el responsable, que me miren a mi, soy yo y mi gobierno».
Melero pretende que la Sala no tenga en cuenta la condena de Francesc Homs como un elemento de referencia para castigar a Mas, ya que considera que el ex conseller sí realizó actos ejecutivos en favor de la celebración de la consulta. La tesis de individualizar conductas en el marco del procés fue compartida también por Rafael Entrena, abogado de Joana Ortega. El abogado llamó a no caer en la «tendencia bastante generalizada de meter en un mismo paquete todos los casos vinculados al nacionalismo catalán», y defendió que su clienta siempre buscó el diálogo y el encaje legal. Por su parte, Jorge Navarro, defensor de Irene Rigau, se escudó en que la ex consellera no fue apercibida directamente por el TC de la posible ilegalidad de sus actos.