Pérez Gómez
El caso Odebrecht es un excelente ejemplo de la carente rendición de cuentas y de la simulación del sistema de justicia que se tienen en México. Son dos los países en los que el caso más polémico de corrupción de América Latina no ha tenido repercusiones para los culpables: Venezuela y México.
En México la investigación federal del caso Odebrecht se encuentra en un limbo legal, donde claramente las presiones políticas y el uso faccioso de las instituciones de procuración de justicia han logrado que los responsables de recibir sobornos millonarios de la constructora brasileña hoy en día sigan sin pisar la cárcel.
En el año 2016 la constructora reconoció ante autoridades que había pagado 10 millones y medio de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos de Pemex a cambio de contratos. En contraste, en otros países de Latinoamérica las investigaciones por el caso Odebrecht sí han derivado en algunas represalias, donde hay funcionarios arrestados o en prisión preventiva, presidentes enjuiciados y empresarios consignados.
Actualmente México ocupa el cuarto lugar en el Índice Global de Impunidad que se determina dando seguimiento a los procesos judiciales desde que inician con la comisión de delitos o ilícitos, pasando a las denuncias e investigaciones, hasta llegar a las sentencias o reparaciones del daño de las víctimas. Esta penosa situación entre muchos otros atropellos y fallas en el sistema de procuración de justicia conforman la antesala de una necesaria y urgente implementación de muerte civil para funcionarios corruptos
La muerte civil propone que los funcionarios que incurran en actos de corrupción sean sentenciados y no puedan ejercer nunca más un cargo público además de las consecuencias legales correspondientes. Y como podrán dilucidarlo, ésta no es la única ni la más amplia solución de fondo al problema estructural de la corrupción y la impunidad en el país, pero sí es un elemento fundamental para que el Sistema Nacional Anticorrupción opere oportunamente con elementos legales que le permitan expulsar de la vida pública a los funcionarios que incurran en actos de corrupción como moches, mordidas, peculado, desvíos de recursos, tráfico de influencias y demás arbitrariedades que día a día suceden en la función pública.
En este sentido, la iniciativa de ley para aplicar la muerte civil a funcionarios es realmente un arma importante para iniciar el contra ataque a la impunidad y la corrupción en el país, esto de la mano de la implementación de una Fiscalía General de la República Autónoma no sólo en su estructura administrativa, sino con autonomía sustancial en sus procesos internos y operacionales que garantice a la ciudadanía una mayor posibilidad de obtener justicia en este país. Represalias para los corruptos y justicia para las víctimas no es mucho pedir, es lo que debe ser.
*Politóloga Twitter: @gla_pem