Acuerdo nacional por la democracia
Respetar las normas e instituciones que hacen posible la celebración periódica de elecciones no es concesión gratuita de nadie ni se logra por decreto. Es, esencialmente, una responsabilidad ética, una obligación constitucional de actores políticos, servidores públicos y ciudadanía.
El martes 23 de febrero el presidente de la república convocó a mandatarias y mandatarios de los 32 Estados a un "acuerdo nacional por la democracia", como un espacio de compromiso político común en favor de la legalidad, donde se formalice la voluntad de no intervenir desde los gobiernos en las elecciones.
La propuesta no sustituye lo que ya es obligación legal que debe atenderse con o sin compromiso firmado. El ejercicio de generar puentes de entendimiento con un manifiesto político luce plausible, siempre y cuando se subsane una omisión grave: no puede marginarse al árbitro comicial ni a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. El acuerdo, conforme al contenido de la carta, implica un exhorto para que nadie use recursos públicos con fines electorales, ni apoye a candidatos, para que se denuncien conductas que podrían constituir delitos electorales y para que nadie se aproveche de personas que son víctimas en la compra y coacción del voto.
Visto así, el propósito parece noble y no debería haber inconveniente de nadie para suscribirlo, teniendo claro que la carta presidencial alude a redacciones que ya están plasmadas en la constitución desde 2007 y que igual fueron retomadas en acuerdos similares al que propone el gobierno, para mantener un comportamiento apegado a la civilidad y al marco jurídico que rige las elecciones, ejemplo de ello es el Pacto impulsado por el IFE presidido por Leonardo Valdés en 2012, al que el propio presidente López Obrador asistió en su calidad de candidato.
La historia reciente de México registra que estos acuerdos por la civilidad, por la democracia, son consustanciales a los procesos comiciales y que se suscriben por todos los involucrados para darle solidez y mayor legitimidad a las contiendas electorales. Creo que la propuesta presentada por el presidente se quedaría corta, en un simple intercambio de cartas y manifestaciones de simpatía entre servidores públicos relevantes del país, si en este "acuerdo" no participan autoridades electorales y partidos, pues sería un no acuerdo con el árbitro de la competencia al que dicen respetar, al menos en teoría. Ni modo que gobernantes y partidos no le reconozcan ese carácter al INE y a los OPLES.
Este acuerdo debe convocarse por el INE, en tanto organismo rector del sistema nacional de elecciones, preferentemente debe firmarse en sus instalaciones y no en las de palacio nacional o a través de cartas que respondan el exhorto del primer mandatario. Deben omitirse generalidades y señalar medidas que eliminen, que eviten la comisión de conductas que podrían entrañar faltas y hasta delitos cuando se pide copia o fotografía de la credencial de elector y no se distingue entre operarios de partidos o de gobiernos.
Un "acuerdo" auténtico por la democracia, que defienda los principios de la función electoral implica, por ejemplo, que en lugares de vacunación no aparezcan colores o emblemas de partidos políticos; impedir y denunciar que funcionarios entreguen beneficios de programas sociales como si fuera aportación propia y no de dinero público. Y qué decir de espacios que funcionan igual con dinero de todos y se usan para atacar reiteradamente a los adversarios políticos. Estoy con la suscripción de un "Acuerdo" que nos vincule a todos en favor de la democracia, pero que evite generalidades, que precise comportamientos esperados y se dé con absoluto respeto a las instituciones y a las normas legales y constitucionales.
Estoy con la suscripción de un "acuerdo" que nos vincule a todos en favor de la democracia, pero que evite generalidades.