Los generales intocables
Puede considerarse el caso emblemático para asomarse a las historias detrás de la guerra contra el narcotráfico durante el sexenio de Felipe Calderón. Es un juicio que involucró a un general, cuatro oficiales dos de ellos con rango de jefes, y seis soldados, todos comisionados en 2008 en la Guarnición Militar de Ojinaga, en la frontera de Chihuahua con Texas.
A este grupo de militares se les acusó de violaciones graves a los derechos humanos dentro de la “Operación Conjunta Chihuahua”, como se conoció al despliegue militar de aquel año para hacer frente a la confrontación entre las organizaciones criminales que se disputaban las rutas de la droga hacia Estados Unidos por esta zona.
El proceso por desaparición de personas y asesinatos extrajudiciales comenzó en tribunales militares en 2009, pasó al ámbito federal en mayo del 2012, y desde entonces poco a poco se han ventilado las irregularidades judiciales que mantienen en prisión a este grupo de militares sin que se haya llamado a cuentas al resto de mandos superiores que dictaron las órdenes, como el ex secretario de la Defensa Nacional Guillermo Galván.
En abril de 2016 fue sentenciado a 52 años de prisión el general de brigada Manuel de Jesús Moreno Aviña, quien era el comandante de la Guarnición de Ojinaga. Su defensa ha señalado varias irregularidades procesales, entre las que destacan fabricación de pruebas e imputaciones hechas con supuestos testigos que lo acusaron tras ser torturados.
Once años después el resto de los procesados continuan en prisión sin ser sentenciados, pese a que han denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las irregularidades procesales entre las que se encuentran la tortura, retención e incomunicación durante la etapa de investigación, y la fabricación de pruebas como la falsificación de mas de 33 firmas.
En una década el caso ha tenido cuatro jueces diferentes, mismo número que ha ocupado la titularidad del juzgado décimo de distrito en Chihuahua donde se ventila el proceso.
El caso jurídicamente es insostenible, los militares han demostrado que los restos óseos hallados en un paraje desértico a las afueras de Ojinaga, sobre los que se fundó la acusación de homicidio, y que la fiscalía militar difundió en su momento como “ejecución extrajudicial”, en realidad se trató según los peritajes de restos de “animales de mediano a gran tamaño”.
En la actualidad la responsable del proceso es la abogada Madhay Soto Morales, quien está al frente del juzgado hace más de un año. Durante este lapso no ha podido sacar adelante las diligencias que demostrarían la falsificación de firmas con las que los procesados aseguran que se armó el expediente.
El caso Ojinaga, como muchos de los juicios que se inician en el fueron militar, comenzó por un anónimo. Un anónimo ha servido para acabar con carreras militares como le sucedió hace 20 años al general Ricardo Martínez Perea en el sexenio foxista. Un anónimo funcionó para mantener encerrado durante más de una década a un grupo de militares que golpearon las finanzas de la organización criminal que era protegida por políticos del PAN en aquellos años en Ojinaga.