Nueva ley de la FGR atiende crisis de justicia
Tras varios
meses de negociación por fin esta semana se aprobó en el Senado, por una amplia mayoría de 119 votos a favor y uno en contra del senador Emilio Álvarez Icaza, la Ley orgánica de la Fiscalía General de la República que, aunque no es lo mejor, sí responde a las principales demandas de las víctimas y de los colectivos de derechos humanos.
Esto se logró luego del acuerdo -de última hora- que encabezó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, de una adenda que vino a resolver uno de los puntos que había mantenido el dictamen en la "congeladora legislativa": la permanencia de la FGR en el Sistema Nacional de Búsqueda, que no estaba contemplada en la propuesta original del zacatecano.
Además, reafirma su independencia respecto al Gobierno, crea un plan estratégico y establece mecanismos de evaluación.
Recordemos. Esta nueva legislación, sustituye a la Ley de la Fiscalía aprobada en 2018, ósea que reestructura el organigrama y las funciones de la institución apenas dos años después de su creación. Surge gracias a la lucha de las organizaciones como el Colectivo #FiscalíaQueSirva, iniciativa que hizo aportaciones muy sustantivas a lo que se aprobó el miércoles en el Senado.
Basta mencionar que el movimiento demandaba la autonomía política del fiscal para que no se sometiera más al Ejecutivo. Plantearon, también, modelos de investigación más flexibles, descentralizados, con equipos multidisciplinarios dispuestos para entender fenómenos criminales complejos y no sólo casos aislados.
Así como la creación de la figura de un Consejo Ciudadano que fungiría como un actor que acompaña la transición y las prioridades de la Fiscalía, pero también como una entidad que pide cuentas a los fiscales del funcionamiento de la institución y sus resultados, entre otros puntos.
La minuta aprobada fue bien vista por los integrantes del bloque opositor, quienes reconocieron que en la minuta que se envió a la Cámara de Diputados para su análisis se hacen explícitos los derechos de las víctimas, que habían sido obviados en la iniciativa original.