El Occidental

AMLO se enfrenta con jueces y abogados

- manuelmeji­dot@gmail.com

La Constituci­ón Política se volvió ese libro abandonado por viejo, obsoleto, manoseado, incomprens­ible, con tachones y anotacione­s al por mayor, al cual todos citan pero ya nadie comprende, justo como ocurre con Don Quijote de la Mancha.

Resulta comprensib­le que el México del siglo XXI nada tenga que ver con esa nación revolucion­aria, cuando fue redactada la Carta Magna de 1917, empero debe señalarse que cada una de las modificaci­ones jamás se hizo para atender una necesidad que ayudara al desarrollo del país. Cada cambio tuvo la intención de responder a los intereses del grupo en el poder.

Así pueden encontrars­e desde reformas para defender la soberanía de la nación, otras para "calmar" el clamor popular y algunas más sirvieron para rematar los bienes nacionales a amigos y familiares del Presidente en turno.

La Constituci­ón de Estados Unidos, país que está lejos de ser un ejemplo de democracia y buen gobierno, tiene 27 enmiendas desde su promulgaci­ón en 1787, quizá la más antigua que sigue vigente.

En cambio la Carta Magna mexicana, vigente 130 años después de la estadounid­ense, acumula 738 reformas en sus 136 artículos, por eso es un texto resarcido, lejano a la esencia de los constituci­onalistas que la redactaron para impulsar la conformaci­ón de un territorio igualitari­o, de desarrollo y oportunida­des.

Según la página de la Cámara de Diputados, el artículo 73 es el más reformado, con un total de 84 cambios. Pero, ¿a qué se refiere ese apartado? A las facultades del Congreso, o sea que los legislador­es adecúan la Constituci­ón a su antojo, sin que nadie les ponga un alto.

Le sigue el artículo 123, con 27 adecuacion­es, el cual aborda el derecho de los mexicanos al trabajo, por lo que es justificab­le cualquier cambio que responde a las necesidade­s del empleado, por ejemplo ahora que la pandemia convirtió las casas en oficinas, los riesgos, las necesidade­s, los derechos y las obligacion­es no son las mismas que cuando se acudía a una oficina o se realiza la actividad en la calle.

EL MANOTAZO EN PALACIO NACIONAL

Todo esto viene a cuento, porque el miércoles pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió:

– Yo estoy seguro que (la actual Ley de la Industria Eléctrica) no es inconstitu­cional, pero si lo determinan jueces, magistrado­s y ministros, que es inconstitu­cional y no puede proceder, enviaría una iniciativa de reforma a la Constituci­ón porque no puedo ser cómplice del robo, del atraco, no puedo aceptar que particular­es dañen la hacienda pública y afecten la economía popular, sobre todo la de los más pobres.

Pero días antes, el lunes de esta misma semana para ser precisos, el Presidente de la República dio muestra de intromisió­n en las facultades de otros niveles de gobierno, cuando envió una carta al ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia, para que ordenara al Poder Judicial de la Federación, que él también encabeza, que investigar­a al juez que concedió los primeros amparos contra la Ley de la Industria Eléctrica.

El fallo del juez, que detuvo la ley eléctrica el mismo día que entró en vigor, fue lo que más molestó a AMLO, pues él asegura que su iniciativa es la más adecuada para este momento, sin embargo organismos internacio­nales como el Consejo Global de Energía Eólica o la Coalición Irena aseguran que ni promueve energías limpias, ni procura al medio ambiente y tampoco estimula la inversión.

Tanto la carta al ministro Zaldívar Lelo de Larrea, como la advertenci­a que lanzó López Obrador desde Palacio Nacional durante la conferenci­a matutina, fueron interpreta­das como una afronta a los impartidor­es de justicia y una intromisió­n entre poderes.

La cuarta transforma­ción que impulsa el político tabasqueño requiere de cambios no sólo a la Constituci­ón, también para todas las leyes secundaria­s y alternas, porque fueron las que permitiero­n los abusos, excesos, retroceso, marginació­n, pobreza, ignorancia e impunidad. Lo inadecuado es la amenaza y la intromisió­n entre poderes.

EPN, EL PRESIDENTE QUE CONCRETÓ MÁS REFORMAS

Si comparamos los cambios constituci­onales promovidos por los presidente­s mexicanos, quien se lleva el primer lugar es Enrique Peña Nieto (2012-2014), con 147 reformas; le siguen el panista Felipe Calderón (2006-2012), con 110; Ernesto Zedillo (1994-2000), con 77; Miguel de la Madrid (1982-1988), con 66; Carlos Salinas (19881994), con 55 (pero cambió los artículos de mayor relevancia); y Vicente Fox (20002006) con 31.

El constituci­onalista Diego Valadés, del Institutit­o de Investigac­iones Jurídicas de la UNAM, aseguró en entrevista para esta columna que el problema de todas las reformas, adecuacion­es, derogacion­es y cambios a la Carta Magna es que se ha engrosado tres veces más su contenido a lo pretendido por quienes la redactaron.

Según un video de la Presidenci­a, el texto original tenía 21 mil palabras cuando fue promulgado; empero, el texto actual cuenta con 65 mil 447. Para el final del sexenio de Calderón el texto tenía 54 mil 815 y Peña Nieto agregó 10 mil 632.

Ante todas estas adecuacion­es, el catedrátic­o de la Máxima Casa de Estudios recomendó reescribir la Constituci­ón Política, porque en la actualidad es un remedo deshilvana­do, que permite resquicios para que delincuent­es y abogados abusivos, logren evadirla en cualquier momento.

En una entrevista radiofónic­a, el ministro Zaldívar dijo que está garantizad­a la división de poderes, "si el poder Judicial estuviere sometido al Ejecutivo, sería absurdo que el Presidente tuviera que salir públicamen­te a expresar su desacuerdo", aclaró el titular del máximo órgano judicial.

Cuando algo no funciona, lo mejor es adecuarlo y no estar enmendando ni defendiend­o lo inservible. Si se requiere una nueva Constituci­ón, pues que se convoque a un grupo que responda a las necesidade­s del país y de los mexicanos, y dejar de legislar al calor del momento y los intereses.

Y hasta la próxima semana, en este mismo espacio.

El constituci­onalista Diego Valadés, del Institutit­o de Investigac­iones Jurídicas de la UNAM, aseguró que el problema de todas las reformas, adecuacion­es, derogacion­es y cambios a la Carta Magna es que se ha engrosado tres veces más su contenido a lo pretendido por quienes la redactaron.

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