Un Estado de Derecho perceptible
Uno de los objetivos principales de los gobiernos debería ser que las personas perciban su integridad y que la garantía de sus derechos sea notable. La ciudadanía debería percatarse de cómo la corrupción se controla al máximo, de la existencia de contrapesos a los poderes gubernamentales, de regulaciones efectivas y de la garantía de acceso a la justicia.
En otras palabras, que exista un Estado de Derecho robusto en el que tanto las personas como las instituciones se apeguen a la ley, respeten los derechos humanos y sea posible construir una sociedad en paz con igualdad de oportunidades. Si estos efectos no son tangibles y percibidos por las personas, de poco sirve lo que está plasmado en papel.
El 28 de abril, el World Justice Project (Proyecto de Justicia Mundial) presentó la tercera edición del Índice de Estado de Derecho en México. Este Índice mide el desempeño institucional en los 32 estados, y pone a las personas en el centro de este ejercicio.
Además de utilizar estadísticas y registros administrativos de dependencias gubernamentales y organizaciones civiles, el Índice recopila las experiencias y perspectivas de la población general y de especialistas, abogadas y abogados que trabajan en contacto con los sistemas de justicia civil, penal y laboral, así como el personal en el sistema de salud pública. Esto permite reflejar las opiniones y condiciones reales de distintos sectores de la población (incluidos algunos grupos en situación de vulnerabilidad) en temas como el acceso a la justicia, corrupción, pesos y contrapesos, participación ciudadana, derechos fundamentales, cumplimiento normativo y seguridad.
Después de tres ediciones, los datos del Índice indican que todos los estados tienen retos persistentes, ya que el estado mejor puntuado (Yucatán) apenas llega a una calificación de 0.47, en una escala de 0 a 1, donde 1 indica una perfecta adhesión al Estado de Derecho. Y, aunque ha habido modestos avances en algunas entidades, persisten desafíos comunes que nos alejan de un Estado de Derecho robusto.
La impartición de justicia, en un contexto de contingencia, es el reto que destaca este año: si bien ya existían rezagos en las mediciones pasadas, el indicador
Los datos del Índice indican que todos los estados tienen retos persistentes
retrocedió en 16 estados, catalizado por la pandemia de Covid-19 y la falta de servicios que permitieran el acceso remoto y operar por medios colaborativos con la ciudadanía.
También, a pesar de que la sociedad civil y la prensa han sido consistentemente evaluados como los contrapesos más efectivos de los ejecutivos estatales, la mitad de los estados tuvieron una preocupante contracción de la libertad de prensa y el espacio cívico, contribuyendo al debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos de nuestro país. Finalmente, a pesar de una disminución en las tasas delictivas, existen retos en seguridad como la percepción de inseguridad de las personas y la corrupción entre las fuerzas de seguridad.
El 2021, con renovación de poderes en al menos 15 estados, ofrece una oportunidad única para que este diagnóstico guíe el diseño e implementación de políticas públicas para lograr mejoras que se puedan notar. Los datos producidos por el Índice ofrecen una ventana de oportunidad a las nuevas autoridades para identificar los retos que enfrentarán y, en respuesta, asuman un compromiso político y programático para avanzar el Estado de Derecho atendiendo a la percepción y experiencias de la ciudadanía. Futuras ediciones servirán para monitorear la efectividad de estas políticas, tanto desde la óptica institucional como ciudadana. Acá seguiremos.
Para más información, visite worldjusticeproject.mx.