Impartición de justicia, otra víctima del Covid
La organización internacional señala que los servicios suspendieron su funcionamiento por un largo periodo
CDMX. La pandemia de Covid-19 afectó los servicios de procuración e impartición de justicia penal en 16 de las 32 entidades del país, revela World Justice Project (WJP) en su tercera edición del Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021.
Ante la ausencia de medidas de Justicia Abierta y Digital para operar por medios remotos, la organización internacional señala que estos servicios suspendieron su funcionamiento por un largo periodo de tiempo, “a pesar de que toda la actividad jurisdiccional federal y local fue catalogada como esencial por las autoridades sanitarias del país”.
Este miércoles WJP publica los resultados de su nuevo Índice de Estado de Derecho en México, que permite identificar los efectos de la emergencia sanitaria en el desempeño de las instituciones de seguridad, justicia, combate a la corrupción, transparencia y cumplimiento regulatorio de 32 gobiernos estatales y contrapesos.
En términos generales, los resultados de la edición 2020-2021 “evidencian un estancamiento en el progreso del país hacia un Estado de Derecho robusto”, con cambios marginales en los puntajes que obtuvieron las entidades respecto a la edición 2019-2020.
Apenas se registraron aumentos modestos en los puntajes de 17 entidades y caídas en cinco, mientras que 10 permanecieron sin cambios.
El índice puede tomar valores que oscilan entre cero y uno, donde uno indica una máxima adhesión al Estado de Derecho. Ningún estado del país alcanza una calificación idónea. La puntuación más alta la logró Yucatán (0.47) en tanto que Quintana Roo tuvo la más baja (0.34).
El índice se compone de 607 variables agrupadas en ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. Es en éste último componente donde los estados tuvieron los mayores retrocesos entre una evaluación y otra.
Las 16 entidades que retrocedieron en cuanto a justicia penal son Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas. Dentro del componente, los subfactores con más descensos fueron los de eficiencia y eficacia de los sistemas de procuración e impartición de justicia y de respeto al debido proceso de las personas acusadas de algún delito.
En otras palabras, las autoridades de justicia penal fallaron en resolver los casos de manera eficiente y sin retrasos, en el cumplimiento de la presunción de inocencia, en la ausencia de discriminación, en el trato que reciben las personas privadas de su libertad y en el derecho a que tengan una defensa adecuada, entre otras.
Alejandro González, investigador y director de proyectos sobre Estado de Derecho del WJP, explica que estos rezagos estructurales ya existían desde antes de la pandemia, pero la ausencia de capacidades básicas para tomar medidas de justicia abierta y digital amplió las brechas.
“Lo que evidencia en términos muy concretos hacia el futuro es que en la medida en que los órganos jurisdiccionales no adopten previsiones de apertura y de los modelos digitales de atención a las personas, éste y cualquier otro evento del entorno que sea disruptivo, pues va no sólo a afectar sino a profundizar las brechas que ya existían antes", señala en entrevista a El Sol de México.
INVESTIGACIONES DEFICIENTES
Por tercer año consecutivo, el indicador peor evaluado en la mayoría de las entidades federativas fue el que mide la efectividad en las investigaciones de la policía y del Ministerio Público: 30 estados se ubicaron dentro del rango de puntaje mínimo a obtener, que es de cero a 0.29, mientras que dos se localizaron en el segundo peor rango. En este punto, la organización mide qué tan efectivo es el sistema de justicia para resolver delitos con tecnología, suficiencia de personal, formación y capacitación de sus agentes.
González considera que es difícil estimar cuánto tiempo llevará al país regresar a los niveles de justicia que existían hasta antes de la pandemia, pues depende de factores como la duración de la crisis sanitaria, el ritmo de vacunación y si habrá políticas públicas y recursos destinados específicamente para hacerse cargo de esas brechas.
Sin embargo, considera que a corto plazo se requieren tres elementos: cambiar el paradigma del Sistema de Justicia Penal en el país por uno que ponga en el centro a las personas; aprovechar lo que ya existe en términos de digitalización y capacitar a las personas en los órganos jurisdiccionales para que atiendan, por medios virtuales, los distintos casos que eventualmente se puedan presentar.