El precio de la política de drogas
Desde hace más de quince años, el combate al narcomenudeo —entendido como el comercio de drogas ilícitas en pequeña escala— ha sido considerado prioritario a nivel nacional. La investigación y sanción de este delito les corresponde a las entidades federativas y por eso han creado maquinarias institucionales que incluyen fiscalías, tribunales y cuerpos policiales especializados para atender su responsabilidad.
Hasta hace poco, no se sabía el costo ni los resultados de la política implementada en la materia. Sin embargo, un estudio reciente revela un escenario poco ideal: el proceso para investigar y sancionar el narcomenudeo no solo es caro, también muy ineficiente.
En colaboración con el Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C. (Insyde), a principios de este año estimamos el costo del proceso penal —que abarca desde la detención hasta que termina el plazo de 48 horas en el que una persona puede estar detenida— en una ciudad en el norte del país. En dicha localidad se habían registrado poco más de 10 mil investigaciones iniciadas por narcomenudeo en un año y medio: un promedio diario aproximadamente de 17 investigaciones. A grandes rasgos, en todo este proceso participan policías que realizan la detención, hacen entrevistas y recaban pruebas; médicos que revisan a las personas detenidas; peritos que registran las huellas de las personas detenidas, buscan sus antecedentes penales y verifican los narcóticos en su posesión; y ministerios públicos encargados de la investigación. Toda esta maquinaria se activa indistintamente si la persona detenida tenía un cigarro de mariguana o una dosis de cristal o cocaína.
El costo del proceso puede variar acorde a los actores y precios. Por ejemplo, pueden participar más policías en una detención debido a la peligrosidad, o bien, los precios de las herramientas y materiales cambian acorde al año de adquisición. Por ello, se realizaron tres cálculos: en una estimación baja, considerando menos actores y precios bajos, el costo por detención es de 7 mil 108 pesos. En una estimación media, considerando actores y precios promedio, el costo por detención es de 11 mil 343 pesos. Y en una estimación alta, considerando más actores y precios altos, el costo por detención es de 17 mil 538 pesos. Tomando en cuenta el número detenciones diarias por narcomenudeo, el costo mensual podría ser aproximadamente de casi 9 millones de pesos y el costo anual de poco más de 100 millones de pesos.
Poco o nada importaría el precio tan elevado de esta política si tuviera resultados. El problema es que más de la mitad de las investigaciones iniciadas por este delito (53 por ciento) no se judicializaron; es decir, las personas detenidas por narcomenudeo fueron puestas en libertad sin ser investigadas, sancionadas y, mucho menos y más importante, rehabilitadas. Lo peor es que la mayoría de éstas son reincidentes: hay casos en los que la misma persona ha sido detenidas en más de tres ocasiones por este mismo delito. En realidad, son muy pocos los casos que llegan a resolverse. La política de combate al narcomenudeo no prioriza la salud ni erradica el problema, se basa simplemente en realizar detenciones para justificar la creación y operación de una maquinaria institucional.
Estos hallazgos no deberían traducirse en que el sistema penal no funciona o que está mal diseñado. Tampoco es una sugerencia para que la policía ya no realice detenciones ni las fiscalías inicien las investigaciones correspondientes. En realidad, es una llamada de atención para que las autoridades mejoren o cambien sus estrategias porque no hay resultados. Conforme al estudio en mención, la política de combate contra el narcomenudeo es punitiva, sale muy cara y no funciona.
En una estimación media, considerando actores y precios promedio, el costo por detención es de 11 mil 343 pesos.