Investigan más de 7 mil casos de tortura
El 25 de agosto López Obrador publicó un acuerdo para gestionar la preliberación de presos víctimas de este delito, pero hay condiciones
CDMX. La saña de los verdugos parece no saciarse ante la negativa de su víctima de poner fin a la crueldad. Dos acciones consumarían este sufrimiento: aceptar el “delito” y firmar la declaración. Golpes en la cara, el estómago y en todo el cuerpo. Sangre aquí y allá. Luego electrochoques en los genitales, amenazas de acciones en contra de la familia. Nada sirve. Lo siguiente es una bolsa en la cabeza hasta llevarla casi a la asfixia y desvanecer su cuerpo. Segundos después un chorro de agua para avivar el bulto y de nuevo más golpes.
Durante las siguientes horas se repite la misma tortura, pero la respuesta de la víctima es la misma: “No. Yo no lo hice. No voy a firmar”. Esta escena se monta en distintos lugares y fechas, pero los actos de brutalidad son similares y resumen las historias de Fanny Gabriela Noguez Galicia y Daniel Alejandro Ramos Flores, a quienes les fabricaron delitos que hasta ahora los tienen en la cárcel.
A ella por secuestro agravado en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, Ciudad de México, según la causa penal con número 705/ 2019 (inicial 213/2012) y a él, en el Centro Estatal de Reinserción Social 1 La Pila, en San Luis Potosí, por homicidio calificado, robo y asociación delictuosa, de acuerdo con el proceso judicial 52/2016.
La tortura se convirtió en una práctica habitual para obtener información y confesiones en el país. Retomando cifras de diferentes organizaciones nacionales e internacionales, el más reciente informe de la organización Human Rights Watch (HRW) sobre México destaca que las investigaciones de casos de tortura se dispararon de 13 en 2006 a más de siete mil en 2019.
“Investigaciones de casos de tortura por agentes del MP han aumentado en los últimos años a nivel federal como estatal, de apenas 13 investigaciones en 2006 a más de siete mil en 2019, según un informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos…
“En 2016, el Inegi realizó una encuesta a más de 64 mil personas encarceladas en 338 cárceles. Casi dos de cada tres (64 por ciento) reportaron algún tipo de violencia física al momento de la detención, como descargas eléctricas, estrangulamiento y asfixia.
"En su análisis sobre México de 2019, el Comité contra la Tortura de la ONU destacó que apenas ocho de tres mil 214 denuncias de torturas realizadas en 2016 dieron lugar a un proceso penal”, puntualiza el Informe Mundial 2021 de HRW
La tortura se aplica con mayor frecuencia en el plazo que transcurre entre la detención de las víctimas —a menudo arbitraria— hasta que éstas son puestas a disposición de agentes del Ministerio Público.
Durante este periodo, las víctimas suelen ser incomunicadas en bases militares o en centros de detención ilegales, de acuerdo con el mismo documento.
En el tiempo que llevan de encierro, Fanny Gabriela y Daniel Alejandro han apelado a su defensa con pruebas para demostrar las arbitrariedades y opacidades de su detención, el proceso legal y la violación de sus derechos a través de la tortura. Han sido inútiles.
AMNISTÍA PARA TORTURADOS
El pasado 25 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación para gestionar la preliberación de presos víctimas de tortura, siempre y cuando ésta se compruebe a través del Protocolo de Estambul, no hayan cometido delitos graves y sean adultos mayores de 70 años con enfermedades crónico degenerativas, entre otros requisitos.
El decreto de indulto representa una esperanza para miles de personas torturadas para confesar crímenes que no cometieron. Sin embargo, tiene requisitos que negarían a algunos presos alcanzar su libertad, o detalles que deben observarse para que opere bien, sin malentendidos.
En primer lugar, el jurista Frumencio Peña Tapia expone que México no cuenta con suficientes personas capacitadas en medicina forense y psicología forense para abordar todos los casos que pudieran ser sospechosos de tortura. Escasea el personal para llevar a cabo los procesos de quienes han solicitado el Protocolo de Estambul (algo que ha ocasionado retrasos en su aplicación y entrega de informes), y en el sector salud para la revisión médica de los presos.
Por otro lado, una condición necesaria para que se otorgue el indulto es que haya una sentencia definitiva e inatacable, agotando todos los recursos ordinarios y extraordinarios en materia penal, explica Miguel Ángel Antemate, abogado en el Poder Judicial de la Federación y defensor de derechos humanos.
Un tercer elemento es que hay delitos para los que no aplica la amnistía, especialmente los graves, cuando muchas confesiones sobre ilícitos de alto impacto fueron obtenidas bajo tortura.
“El presidente dice personas mayores de 65 años. Estamos en la lógica del indulto humanitario, evidentemente esto está condicionado a los delitos de prohibición del artículo 97 del Código Penal Federal. Es decir, podrá tener 65, 70 u 80 años, pero si cometió el delito de terrorismo, desaparición forzada o esta serie de delitos que están enumerados ahí, es muy difícil conceder (el indulto)”, agrega Antemate.
Arturo Castañón, representante de Justicia para Todos, considera que el decreto de amnistía debería ser para todos los casos en que se compruebe tortura, con o sin el Protocolo de Estambul, porque están los certificados médicos que también lo demuestran.
Además de perdonar a las víctimas, se debe castigar a todos los policías, agentes ministeriales y jueces involucrados en los casos denunciados por no llevar a cabo los debidos procesos.