Migración: de plan de desarrollo a militarización
El 20 de mayo de 2019, el presidente López Obrador presentaba durante la conferencia matutina, un plan de desarrollo integral para México y los países de Centroamérica, con el respaldo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Parecía el inicio de una nueva etapa en la dolorosa historia migratoria del país, pues desde el 1 de diciembre de 2018, siendo incluso el primer acto realizado como presidente en funciones, López Obrador firmó un acuerdo con los presidentes de Guatemala, Honduras y El Salvador, con el fin de prevenir y atender las causas que originan el fenómeno migratorio.
Aunado a ello, por primera vez en mucho tiempo, las dos instituciones del Estado encargadas del tema migratorio, y de asilo y refugio (el Instituto Nacional de Migración [INM] y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados [Comar]), eran dirigidas por personas expertas en sus materias, lo cual indicaba que la política migratoria tendría un nuevo paradigma basado en la protección y garantía de los derechos de las personas migrantes y solicitantes de la condición de refugiado.
Dos años y medio después, el escenario es muy diferente. México ha dado pasos sólidos hacia el fortalecimiento de la militarización, no solo en el ámbito de la seguridad pública, sino también en la asunción de funciones delimitadas a la esfera civil por parte de militares retirados o en activo, lo que pone en grave riesgo a la población de enfrentar violaciones a sus derechos humanos, como ya se ha documentado en otras partes de la región latinoamericana, y del mundo. El país giró de plantear una “atención estructural, de fondo, eficaz y humana” al fenómeno migratorio, a cerrar el paso de manera violenta a mujeres y hombres de todas las edades que viajan grandes distancias para huir de la pobreza, la violencia, la desigualdad y los desastres naturales que han sumergido a los países del triángulo norte de Centroamérica.
A finales de 2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado de advertencia por las “decisiones tendientes” a militarizar el Instituto Nacional de Migración, pues en al menos 18 entidades federativas, personal proveniente de las Fuerzas Armadas administran y controlan las estaciones migratorias. De igual forma, el personal asignado a las tareas de despliegue y control del flujo migratorio rebasó los 27 mil elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, un aumento sustancial a partir de marzo de 2019, con las medidas asumidas por el expresidente Donald Trump.
El informe “sombra” sobre militarización realizado por organizaciones de la sociedad civil en el marco del Sexto Examen de México ante el Comité de los Derechos Civiles y Políticos (2019), señala que este fenómeno “ha tenido como consecuencia el incremento de la violencia, de las violaciones a los derechos humanos y de los niveles de impunidad en distintas zonas del país”. De diciembre de 2018 a junio de 2021, la CNDH recibió mil 742 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, 487 de ellas contra la Guardia Nacional, a pesar de haber iniciado operación casi 8 meses después del inicio de la administración.
“El despliegue de miles de integrantes de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional y de otras instituciones en la frontera sur de México repite un ciclo que pone en peligro los derechos humanos de las personas que migran... [Además] dista de contribuir a la consolidación de una respuesta regional sostenible a la migración forzada”, señaló la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés). El plan de desarrollo regional promovido desde el inicio de esta administración, está muy lejos de ser una realidad si no existe un cambio contundente en las políticas migratorias y el enfoque militarista de contención.
La crisis humanitaria en la frontera sur amerita un verdadero liderazgo, pero además, un compromiso político de alto nivel, el cual hoy no existe.