¿Y la responsabilidad en las aulas?
Me surge
esta cuestión en particular en las aulas donde se imparte el derecho, porque frente a los últimos acontecimientos en donde el poder legislativo, en especial la mayoría del senado de la república, en una innegable y absoluta complicidad con el dictador de facto le permitieron a este el que nombrara a una de sus sirvientes ministra, que durante muchos años en complicidad también, con el actual titular del ejecutivo de la Ciudad de México, a parte de medrar con los cargos públicos que detentan, solo les sirven a su benefactor político, al margen del cumplimiento de su protesta de cumplir y hacer cumplir la constitución.
Me parece grave el que los académicos de la carrera de derecho, las maestrías, los postgrados y todas las vinculadas a esta ciencia, que ante la realidad legal de este país en el que el ejecutivo federal, de propia voz cuando le obliga en su quehacer la observancia de la ley desprecia y denigra a todo aquel que lo requiere por el cumplimiento de esa obligación, que además, ante el pueblo juramento cumplirla y hacerla cumplir y que lamentablemente los encargados de la institución constitucional en tales casos someterlo y hacerla cumplir, como lo establece la aun constitución política vigente y que ante su tolerancia a tales actos se constituye una traición mas a la patria con tanto servilismo, sometimiento, deshonestidad, incongruencia e innegable cobardía de esa mayoría infame del congreso de la Unión.
Sin pretender constituirme en un mesías, pero sí en el cumplir profesional y moralmente con el deber intrínseco de la profesión de todo abogado y mas aun de los académicos que tienen el deber en todos los términos, además de formar profesionalmente a los estudiantes, inculcarles el respeto absoluto a la ley y por ende exigir a quien tiene la alta responsabilidad y el honor de procurar y administrar justicia en el mas absoluto marco de respeto a la investidura y a la institución sin menoscabo de la dignidad que nos debe generar nuestra formación profesional.
Toda vez que la actitud pasiva y silenciosa nos hace cómplices de la flagrante e innegable violación al estado de derecho que hoy las autoridades, tanto federal como en particular la del estado, donde la corrupción, la incapacidad, la ineficiencia y la deshonestidad imperan en todos los ramos de la administración publica y por todo ello considero que los académicos debemos lealtad a nuestra profesión, a la institución que servimos y muy en especial a los docentes que de buena fe acuden a la aula a recibir la capacitación profesional dentro del marco del derecho y la moral para servir a la sociedad y a la patria en particular en todos los actos de la actividad profesional y del civismo.
Las universidades por su naturaleza, además de cumplir con su objetivo social y al margen de las aspiraciones políticas de quienes las conducen tienen el deber de dirigir, apoyar, consolidar y engrandecer a la comunidad a la cual se deben.