El intervencionismo institucional
Hace unos días la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presuntamente un órgano constitucional autónomo, emitió el primer informe sobre violencia política para la protección y defensa del derecho a la democracia. La comisión señala que estos i
En dicho documento, entre otros aspectos, se señala que previo al inicio de las campañas electorales se han identificado conductas que entrañan violencia, como son los discursos que reproducen los medios de comunicación y redes sociales. Hace especial énfasis en cómo se ha presentado una campaña sucia contra el presidente de la República por parte de algunos medios de comunicación, por haber difundido el artículo periodístico relacionado con la recepción de financiamiento proveniente del narcotráfico para su campaña de 2006.
Para la CNDH, el que diversos medios de comunicación hayan realizado publicaciones relacionadas con dicho artículo periodístico, ha generado campañas de desprestigio y difamación en redes sociales contra dicho funcionario público que han sido retomadas por el equipo de campaña de alguna de las candidaturas a la presidencia de la República.
Ello ha detonado campañas sucias a través de los hashtags “NarcoPresidente” y “NarcoCandidata”. De hecho, señala que esta campaña en redes sociales contra el titular del Ejecutivo, así como contra la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” no ha sido orgánica, es decir, espontánea por parte de los usuarios de las redes sociales. Al contrario, ha sido orquestada.
También en dicho documento, entre otros aspectos, se señala que en la concentración ciudadana del 18 de febrero hubo expresiones y discursos que entrañan discriminación. De igual forma señala que en ella se impulsaron una o varias campañas negras o guerras sucias como instrumento de manipulación electoral, identificando algunas frases descontextualizadas del discurso del expresidente del Instituto Nacional Electoral, quien fue orador en la concentración.
Es importante mencionar que más allá de que se trata de un ejercicio informativo subjetivo que está poco o nada sustentado en pruebas, lo que debe alertarnos es el uso de las instituciones con una finalidad política y electoral. En principio habría que preguntarnos las razones para la emisión de un informe de tal naturaleza, pues el artículo 102, apartado B de la Constitución es claro al señalar que los organismos de protección de los derechos humanos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales.
Aunque la Comisión ha pretendido darle la vuelta a dicha restricción constitucional señalando que lo que busca es proteger derechos humanos (derecho a la democracia), lo cierto es que con su actuar está interviniendo, sin tener competencia, en el proceso electoral. Recordemos que quienes pueden considerar si existen irregularidades en el proceso electoral son las autoridades administrativas y jurisdiccionales en esa materia. Incluso tienen atribuciones constitucionales y legales para sancionarlas.
Si la preocupación de la CNDH es comunicar a la sociedad las irregularidades que ocurren en el proceso electoral, vale la pena señalar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien sí tiene competencia para hacerlo, acaba de aprobar la realización de un catálogo a través del cual se podrán identificar aquellas sentencias definitivas en las que se ha acreditado el incumplimiento a las reglas electorales. Por cierto, al parecer en este estarán identificadas varias sentencias en las que se demuestra que diversos funcionarios públicos han incumplido la Constitución y las leyes electorales, incluyendo al presidente de la República. Las autoridades deben cumplir con lo establecido en las normas.