A 21 años no sana la herida
A 21 años del Domingo Negro, y como en cada 26 de septiembre, los deudos recordarán a sus difuntos con un Rosario en el epicentro en donde fueron las explosiones, en la calle Antonio Plaza; por lo que líderes sociales siguen exigiendo justicia porque los familiares de los difuntos han quedado en el olvido por las autoridades municipales.
Andrés Espinoza, presidente de la asociación Ciudadanos Comprometidos por Celaya, dijo que se cumple un aniversario más de las víctimas del Domingo Negro, y lo más lamentable es que los familiares no hayan tenido el apoyo del municipio.
“Han pasado administraciones, van y vienen, y siempre les han prometido, pero nunca les han cumplido. Es tanta gente que sufrió, no sólo por la pérdida de un ser querido, sino de personas que salieron lesionadas y tuvieron u siguen teniendo problemas de salud muy complicados a causa de las explosiones, y nunca se les apoyó”, dijo.
Dijo que el municipio debería de apoyarlos, orientarlos en temas de rehabilitación, psicológicos, por lo que la autoridad municipal ha dejado mucho por hacer.
También, el regidor José Luis Álvarez Alfaro, presidente de la Comisión de Seguridad, comentó que debido a la pandemia no se encuentran las condiciones para hacer una misa como se llegó hacer en otras ocasiones, y de haber alguna actividad, deberá de ser con todas las medidas que exigen la contingencia sanitaria.
“Lamentablemente el Domingo Negro fue un parteaguas respecto al tema de control de la pólvora y juegos pirotécnicos, y Protección Civil, Fiscalización y Desarrollo Urbano son más severos en cuanto a la prohibición de dichos productos y actividades.
También, José Luis Ramírez Sánchez, Consejero Director de Alianza Ciudadana Celayense, contextualizó que hace 21 años Celaya tuvo una de las tragedias más dolorosas que aún se recuerdan: el 26 de septiembre del año 1999, murieron 72 personas, y 350 más quedaron lesionadas como resultado de una explosión múltiple de artículos fabricados con pólvora.
Comentó que las instancias como la de Fiscalización municipal, estaban obligadas de acuerdo a la misma Ley Federal, antes citada, a vigilar que los “comercios y demás establecimientos” cumplieran con las condiciones de seguridad, funcionamiento técnico, ubicación y producción que se determinen en el Reglamento. Ellos no cumplieron, por eso fueron denunciados penalmente con otros funcionarios, y se mantuvieron amparados por más de un año.