Fonatur abrirá paso al tren con abogados
Alistan licitación para desalojar con litigios a quienes vivan en zonas irregulares cercanas a las vías
CDMX. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) invertirá cerca de 26.7 millones de pesos en lo que resta del año para contratar abogados que se encarguen de los procesos legales para liberar de asentamientos irregulares las vías por donde correrá el Tren Maya.
El organismo federal delineó una convocatoria de licitación pública para contratar a un despacho que le abra paso al tren en tramos que están ocupados por vías de comunicación locales, predios o parcelas.
La licitación pública nacional se concentra en liberar la ruta en los tramos 3 y 4 del tren, el primero de ellos otorgado vía licitación a un consorcio integrado por Construcciones Urales, Gami Ingenería e Instalaciones y Azvi, y el otro adjudicado de forma directa a ICA.
El ganador del concurso público realizará un censo de las invasiones existentes en el tramo Palenque-Calkiní, que recorre Chiapas, Tabasco y Campeche, y se encargará además de negociar con los pobladores para su reubicación.
El mismo proceso se realizará con la población asentada en los ejidos del municipio Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo por donde pasará el tramo 6, el cual será construido por el Ejército. Para ello, quien gane la licitación deberá emprender los procesos legales para garantizar la regularización y desocupación del derecho de vía.
“Dentro de aspectos trascendentes para la eficaz y pronta ejecución del Tren Maya, se encuentra el tema referente a la liberación del derecho de vía, es decir, recuperar el espacio que comprende el derecho de vía de quienes actualmente lo detentan, a fin de que se destine a la construcción, conservación, ampliación, protección y en general para el uso adecuado de la vía general de comunicación ferroviaria”, indica el proyecto publicado en el portal Compranet.
De acuerdo con el documento, el ganador de la licitación deberá realizar el análisis de los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el desarrollo del proyecto.
Además de asentamientos irregulares, el trazo del tren pasa sobre vialidades locales, las cuales también deben litigarse antes de iniciar con la construcción.
La adquisición de predios o parcelas, dice el proyecto del Fonatur, permitirá regularizar la tenencia de superficies de tierra que hoy constituyen los derechos de vía por parte de los gobiernos municipales y estatales.
La justificación del organismo dirigido por Rogelio Jiménez Pons para este proceso es que este tipo de procedimientos se pueden burocratizar, hacerse complejos, largos, lentos y costosos, sobre todo cuando se trata de propiedad social por implicar el ámbito federal, a lo que se suman a los problemas de regularización de la propiedad privada en el ámbito estatal.
A inicios de la actual administración, el titular de Fonatur indicó que el Gobierno Federal ya contaba con 95 por ciento del derecho de vía para la construcción del Tren Maya.
El organismo indicó a este diario que una cosa es tener los derechos de vía y otra liberar los tramos del ferrocarril de obstáculos, por lo que se ha emprendido esta medida para poder desalojar la ruta por donde pasará el proyecto.
De acuerdo con el Fonatur hay asentamientos que tienen décadas en esas zonas, por lo que la Federación deberá asegurarse de brindar una opción de vivienda, o bien indemnizar a las personas que sean retiradas.
“El Gobierno Federal es consciente de la adversidad que obligó, por diversas circunstancias, a muchas familias a asentarse sobre el derecho de vía del tren, especialmente en el estado de Campeche. Estas familias requieren ser reubicadas por su seguridad, ya que el tren alcanzará velocidades de hasta 160 kilómetros por hora, lo cual pone en peligro la actividad humana cercana”, señala el Fonatur en la página del Tren Maya.
Según el organismo, el Estado buscará alternativas de reubicación en apego a la ley y que mejoren la calidad de vida de quienes tengan que abandonar la zona, además de que se les dará certeza sobre la tenencia de su propiedad.
El documento no señala el periodo en el que se realizará la licitación, pero indica que la vigencia del contrato será del 15 de octubre de 2020 al 24 de marzo de 2021, con un plazo de 161 días contados a partir del inicio del trabajo. Todavía no se define el presupuesto a destinar en 2021.
El Estado buscará alternativas de reubicación en apego a la ley y que mejoren la calidad de vida de quienes tengan que abandonar la zona