Los usuarios de celular deben registrar huellas
CDMX. El Gobierno federal publicó ayer el decreto por el que se crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el cual obliga a los mexicanos a entregar datos personales y biométricos en los próximos dos años para poder conservar su línea, y que tendrá un costo de 109.8 millones de pesos para el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) el primer año.
“El registro del número de una línea telefónica móvil en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil será obligatorio para el usuario, quien deberá proporcionar identificación oficial, comprobante de domicilio y datos biométricos, para la activación del servicio de la línea telefónica móvil”, dice el decreto publicado ayer en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF).
El lunes, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para que los operadores móviles recaben datos privados de los usuarios así como su huella dactilar, iris de los ojos, facciones del rostro, tono de voz y firma.
Tras la publicación de este decreto, que entra en vigor este sábado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tiene seis meses para expedir las disposiciones administrativas de carácter general, mientras que los operadores
109.8 de pesos costará el Padrón con datos de los usuarios que recaben las telefónicas
MILLONES
88.5 MILLONES de pesos adicionales recibirá el IFT al año para su operación
tienen dos años para recabar la información de los usuarios y entregarla al regulador. Será el IFT el encargado de crear y resguardar la base de datos con toda la información de los usuarios de telefonía móvil en el país, la cual estará a la disposición de las autoridades judiciales en cualquier momento.
Para ello, el Instituto estimó en 109.8 millones de pesos el impacto presupuestal para la implementación de la reforma en el primer año, que es el costo de personal, oficinas, equipo de cómputo, conexión a internet, servicios generales y servicios complementarios, así como 88.5 millones de pesos adicionales cada año para su funcionamiento. La reforma tiene la intención de combatir el delito de extorsión telefónica en el país.