Afirman: Se sancionará corrupción en la SCJN

CDMX.- Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró que sancionará a jueces, magistrados o ministros si hay pruebas donde estén en envueltos en casos de corrupción.

“Aprovechemos esas críticas, revisemos nuestro actuar a partir de ellas, mejoremos si vamos bien, corrijamos lo que nos hacen ver que está mal, incluso tomemos medidas sancionatorias si nos advierten con pruebas que hay corrupción”, manifestó el ministro durante la inauguración de la XIII Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, A.C., (AMIJ).

Agregó que la esencia del juez, con su inherente independencia, debe ser absolutamente incompatible con la corrupción. “Tolerar la corrupción es ir en contra de la naturaleza de la impartición de justicia; es propiciar la destrucción de todo el sistema judicial federal; es perder la credibilidad de nuestra institución que tiene como finalidad inalterable la defensa de los derechos y la protección de los gobernados frente a la arbitrariedad”, expresó el jurista.

Aguilar Morales comentó que es necesario aceptar las críticas, ya sean justas o injustas, verdaderas o falsas, porque como servidores públicos estamos sujetos a un escrutinio más amplio y debemos aceptar la opinión del público al que servimos.

México requiere, hoy más que nunca, de seguridad jurídica que derive de una impartición de justicia regida por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia, tal como lo ordena nuestra Ley Fundamental, afirmó el ministro en la Asamblea La impartición de Justicia que México requiere.

“Ante todo, se requiere de impartidores de justicia que cumplan con los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia, que, en los hechos, garanticen el derecho humano a una justicia pronta, completa e imparcial”, dijo el presidente de la Suprema Corte.

El Ministro Presidente destacó que el constitucionalismo responde a la idea de que los poderes públicos pueden y deben ser limitados, y de que su autoridad depende de que se observen diversas limitaciones; así: todo poder constituido tiene y debe tener límites.