Un saldo más: Fallida política de seguridad
Una de las premisas mas importantes de todo buen gobierno es reconocer errores o tropiezos durante la conducción del gobierno, en la lógica de que toda actividad planeada debe evaluarse periódicamente para -según el resultado de la evaluación- seguir en e
Hay quienes desde la cúspide del poder prefieren obstinarse en sus determinaciones iniciales aun y cuando la realidad les muestre que las decisiones no son las adecuadas para generar una satisfacción social o solucionar un problema.
En materia de seguridad pública México sufre una de las etapas mas oscuras ya que la violencia se ha agudizado a tal grado que en el actual sexenio se han contabilizado -según fuentes oficiales- mas de 180,000 homicidios dolosos, 30,000 mas que en todo el sexenio de Enrique Peña Nieto y 55,000 mas que en el de Felipe Calderon. Esto deja claro que la política de seguridad es un fracaso y que la promesa de pacificar a México, hecha en campaña hace seis años, se esta difuminando como uno más de los compromisos incumplidos.
Diversos estudios colocan a siete ciudades mexicanas entre las diez en el mundo con mayor numero de homicidios dolosos. Ese índice es escalofriante para la sociedad y preocupante para cualquier gobierno serio; sin embargo y a pesar de ello, la actual narrativa presidencial señala que en materia de seguridad estamos bien, que los índices de inseguridad van a la baja.
Negar la realidad se ha vuelto una táctica que se origina en la obcecación y la negligencia. Solo aceptando un problema se inicia el camino a la solución. A estas alturas es inaceptable el argumento central sea culpar a los gobiernos anteriores de la violencia que hoy se vive en ciudades, regiones, carreteras, puertos y en cualquier poblado del país. Se ha señalado que el camino para acabar con la violencia es desterrar la pobreza y la desigualdad, sin embargo, ejemplos como el Nayib Bukele en El Salvador nos enseñan que se puede hacer más que eso, sobre todo cuando hay una estrategia bien diseñada en la que el Estado actúa con determinación contra los criminales para garantizar la vida, el patrimonio y la seguridad de las personas y las familias. Es insuficiente y falaz atacar las causas sociales sin escuchar la desesperación social y hacer valer el estado de derecho.
Un gobierno omiso propicia que los grupos criminales se fortalezcan e impongan sus condiciones -por la fuerza- a todos los sectores sociales, escudándose en la impunidad y la ausencia del imperio de la ley.