Las políticas de “mano dura” en AL
Según las cifras del Latinobarómetro de 2023, a pesar de que el apoyo a la democracia no ha decrecido de manera alarmante en la región, América Latina está experimentando un fenómeno social y político que puede, a largo plazo, ser perjudicial para el funcionamiento de las instituciones democráticas, ese fenómeno es el de la aplicación de regímenes de “mano dura” en materia de seguridad, como principalmente se expresa en El Salvador y en Ecuador.
El de la seguridad es un problema profundo e histórico que se ha agravado con la ampliación de las redes macrocriminales y sus efectos; así como por el deterioro de la situación económica, la desigualdad, la violencia y el agravamiento de problemas sociales, asociados -o no- con el crimen organizado, como la migración y el autoritarismo en los sistemas políticos.
Según el Estudio Mundial sobre el Homicidio de 2023 de las Naciones Unidas, en América Latina el 50% de los asesinatos tiene que ver con grupos del crimen organizado. Estos datos y la vida cotidiana, así como las noticias a las que a diario tenemos acceso, revelan que la percepción de inseguridad que tienen los latinoamericanos es mayormente negativa.
Esos factores se han complementado para legitimar políticas de seguridad cada vez menos transparentes y más agresivas hacia grupos delictivos específicos como ha sucedido en el caso de El Salvador. El régimen de “mano dura” implantado por Nayib Bukele ha ganado popularidad entre la población, no sólo por el uso simbólico de las imágenes de los presos en las cárceles y los juicios sumarios, sino por las cifras de disminución de la tasa de homicidios más baja en 16 años en su país. Sin embargo, una lectura más profunda acerca de las implicaciones de este fenómeno revela los alcances negativos que puede tener para la democracia, la impartición de justicia y derechos humanos.
El Salvador, por ejemplo, después de alcanzada la paz en la década de los noventa y justamente buscando la consolidación de las instituciones democráticas, estableció la no reelección presidencial. No obstante, Nayib Bukele logró reelegirse por medio de diferentes modificaciones legislativas, área en donde su partido Nuevas Ideas, tiene mayoría absoluta. Ese movimiento exacerba el personalismo, coquetea con un creciente autoritarismo, y al no existir oposición, debilita los canales democráticos y la capacidad del Estado de construir y controlar mejores instituciones.
Lo que sucede en El Salvador expresa no sólo la explotación del miedo en un entorno de insatisfacción e inseguridad, sino que también erosiona la democracia al perpetuar un punitivismo que está sirviendo como base para plataformas político-electorales, con propuestas cada vez más duras y agresivas. Estas se basan en la explotación de las emociones y percepciones de los ciudadanos y no necesariamente en la construcción de canales institucionales de más sólidos. Lo anterior, legitima un ejercicio del poder cada vez más centralizado y también más militarizado que puede ser un giro peligroso para una región que, aparentemente, se niega a aprender de su pasado.
Así, algunas de las preguntas que quedan en el aire son si los regímenes de mano duran sobrevivirán a la fragmentación político-ideológica que vive la región; si tiene capacidad de extenderse por toda América Latina o son sólo una fase aún desarticulada que se concentra sólo en contextos específicos y, si aún la focalización de este fenómeno, pueden representar un peligro para la existencia del ya debilitado Estado democrático.
Algunas de las preguntas que quedan en el aire son si los regímenes de mano duran sobrevivirán a la fragmentación políticoideológica que vive la región; si tiene capacidad de extenderse por toda América Latina o son sólo una fase aún desarticulada que se concentra sólo en contextos específicos.