La reciente
aprobación de la reforma al decreto en materia de Guardia Nacional, que extiende hasta 2028 la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública reaviva el viejo debate que plantea la urgente necesidad de fortalecer a las policías estatales y municipales para que cumplan con las funciones que les han sido asignadas constitucionalmente.
Conviene recordar que dicha formulación fue contemplada en la reforma constitucional de seguridad y justicia de 2008 y retomada meses después, en medio de una de las recurrentes crisis de seguridad que hemos padecido, por el Acuerdo Nacional sobre Seguridad, Justicia y Legalidad.
Si bien el Acuerdo pronto quedó en el olvido, la federación mantuvo una amplia inversión en seguridad y defensa que ha sido estimada en un billón 820 mil 346 millones de pesos, de los cuales 609 mil 773 millones fueron asignados a las entidades federativas para operar sus instituciones de seguridad y procuración de justicia. Mientras que, a través del SUBSEMUN, FORTAMUN y el FASP, se asignaron 205 mil 509 millones suplementarios a los estados y municipios para que consolidaran sus instituciones de seguridad y justicia, según documentó el académico Carlos Barrachina.
Sin embargo, ese millonario monto no logró cumplir con sus objetivos, como lo confirman los datos proporcionados por el exsecretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Álvaro Vizcaíno, quien a finales de 2018 informó que 651 municipios del país (26.4 por ciento) no contaban con policía municipal, que en 25 por ciento de ellos sus policías estaban integradas por menos de 10 elementos o no contaban con ninguno y que sólo 413 (16.8 por ciento) tenían más de 50 policías.
Paralelamente, el Censo Nacional de Seguridad, publicó que entre 2019 y 2021 las policías estatales han tenido una reducción de 4.1 por ciento de sus elementos, debido a las baja de recursos que se les ha asignado, a los bajos salarios que perciben, la precariedad del equipo táctico de que disponen y a la falta de capacitación regular que padecen.
De ahí que el problema de seguridad pública en México resida en la profunda debilidad institucional de las policías municipales y estatales, mismas que actualmente carecen de presupuesto suficiente y de un número óptimo de elementos adecuadamente equipados y capacitados para hacer frente a la delincuencia.
Sin embargo, el dinero por sí solo no basta para consolidar el objetivo de contar con instituciones de seguridad pública eficaces; se requiere el compromiso de los gobiernos locales para resolver los problemas en la materia y que son de su competencia, el apoyo y participación de las organizaciones ciudadanas para consolidar las condiciones que permitan superar la dependencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública de manera recurrente.
Al respecto, México SOS, a través del modelo de las Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia ha participado en el acompañamiento de algunas policías locales para su fortalecimiento, contribuyendo con donativos en especie para subsanar las carencias materiales que les impiden cumplir con sus tareas; impulsando iniciativas encaminadas a dignificar las condiciones laborales y de seguridad social de los policías, comprobando con ello, que la articulación de los esfuerzos corresponsables de la sociedad y el gobierno son imprescindibles para emprender, en el corto plazo, la desmilitarización de la seguridad pública.
El problema de seguridad pública en México reside en la profunda debilidad institucional.