El enemigo interno
La orden presidencial es finalizar los proyectos de infraestructura con línea de tiempo al 2024, y en algunos casos antes. La Secretaría de la Defensa Nacional, como pocas veces en sexenios anteriores, ha hecho de la asignación directa de contratos una práctica común, justificada como “necesaria” para poder cumplir la misión encomendada por su Comandante Supremo, el Presidente de la República.
Al no existir legislación que regule los controles internos y externos, otorgar contratos sin licitación se ha convertido en un arma de doble filo que pocos dudan dejará una marca muy profunda al interior de la institución y que terminará por dañar su imagen. Diversos especialistas han advertido desde hace tiempo que la Sedena al “crear y operar entidades administrativas con actividad empresarial” hará que crezca su “perfil de riesgo” que tarde o temprano llevará al deterioro de su capacidad operativa, golpeará la moral interna y dañará la percepción pública.
Antes de tiempo los tres presagios se asoman y tienen visos de acelerar su presencia ante la difusión de los documentos militares contenidos en los correos electrónicos hackeados por el colectivo Guacamaya, en lo que ya se conoce como Guacamaya Leaks. Más allá de la exhibición que de manera alarmante muestra cómo se ha expandido la narco política en el país; habrá que destacar el avance del crimen organizado con lo que implica el control territorial, es decir, rutas, ciudades, mercados y operadores, todo ante la pasiva mirada de las Fuerzas Armadas. De una revisión y análisis a varios de los documentos que mapean a las organizaciones criminales desde Chiapas, Tabasco, Quintana Roo hasta las entidades de la frontera norte, prácticamente no hay una entidad donde las redes criminales se hayan expandido a instancias la mayoría de las veces de los poderes legalmente constituidos. El binomio narco-política y control territorial son la guías para leer el mapa de los poderes paralelos hacia el fin del sexenio.
Si hacia el exterior los documentos filtrados por Guacamaya aportan una lectura de esa otra realidad que el Gobierno federal se niega a reconocer, hacia adentro el enemigo interno es el crecimiento de los riesgos de corrupción que asoman detrás de varias de las asignaciones directas. El año pasado, el IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad) mostró en un estudio que la Sedena había otorgado durante 2020 casi 200 millones de pesos a empresas que tenían menos de un año de existencia, es decir, fueron creadas al vapor durante el actual sexenio.
Existen nombres de militares de alto rango que han generado sospecha, por ejemplo tras la adjudicación directa a Soluciones Integrales en Gestión de Riesgo de Desastres, creada el 19 de diciembre de 2018, a la que se le otorgó un contrato por mil 168 millones de pesos por la adquisición de ventiladores mecánicos previo a la emergencia por Covid-19. Éste y otros casos fueron documentados por IMCO, pero se sabe que no son los únicos. El “enemigo interno” crece ante la opacidad y la falta de controles externos.
Existen nombres de militares de alto rango que han generado sospecha