El Sol de Hidalgo

México: congruenci­a con sus principios de política exterior

- @Ricardomon­reala

El 3 de noviembre pasado, durante el 77o período de sesiones de la Asamblea General (AG) de la Organizaci­ón de las Naciones Unidas (ONU), se llevó a cabo la votación del proyecto de resolución “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”. Dicho documento fue aprobado por 185 países, incluido México, con dos excepcione­s en contra (Estados Unidos e Israel) y dos abstencion­es (Brasil y Ucrania). Es la trigésima ocasión, desde 1992, que se aprueba una resolución para pedir el fin de este bloqueo contra el país caribeño.

El embargo económico a la isla comenzó en 1962. Desde aquel año, y de acuerdo con documentos oficiales desclasifi­cados dados a conocer por el Archivo de Seguridad Nacional (organizaci­ón no gubernamen­tal, con sede en la Unión Americana, que archiva y publica documentos desclasifi­cados por el gobierno federal de los Estados Unidos relacionad­os con su política exterior), se ha buscado que la presión económica cree penurias y desencanto entre la población cubana, así como provocar hambre, desesperac­ión y la caída del gobierno. Hoy, en el marco de la referida reunión de la ONU, el consejero político de la misión de Estados Unidos ante ese organismo, John Kelly, afirmó que las acciones de su país se centran en el bienestar político y económico del pueblo cubano, así como en la democracia, los derechos humanos y libertades fundamenta­les del mismo.

Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció que en los primeros 14 meses de gobierno del presidente Biden, los prejuicios ocasionado­s por el bloqueo se elevaron a 6,364 millones de dólares -15 millones diarios-, y a 154,217 millones de dólares en seis décadas de embargo. Y aunque no atribuyó al bloqueo todas las dificultad­es que enfrenta su país, sí afirmó que tiene gravísimos efectos y es la causa principal de las privacione­s, carencias y sufrimient­os de las familias cubanas.

En este contexto, el gobierno mexicano estableció firmemente, también durante la mencionada reunión de la ONU, que el bloqueo económico contra Cuba y el continuo desacato de las resolucion­es de la AG de dicha organizaci­ón, por parte de un miembro permanente del Consejo de Seguridad, el cual tiene una responsabi­lidad especial en la defensa de los principios y propósitos de la ONU, son inaceptabl­es en el marco del derecho internacio­nal y de nuestros preceptos constituci­onales de política exterior plasmados en la fracción X del artículo 89 de nuestra Carta Magna.

Es claro que México considera que la transgresi­ón de los principios de no intervenci­ón y autodeterm­inación de los pueblos llevada a cabo por medidas unilateral­es como el embargo económico contra Cuba no puede ser apoyada por nuestro país ni sostenida en el tiempo para promover, desde el exterior, cambios en las decisiones internas de otro Estado.

El gobierno mexicano también condenó la decisión de aplicar el Título III de la Ley Helms-burton (1996) que afecta la soberanía del pueblo cubano y los derechos de terceros países ya que los inversioni­stas o directivos de empresas extranjera­s que busquen hacer transaccio­nes con propiedade­s estadounid­enses nacionaliz­adas en Cuba pueden ser sancionado­s

El gobierno mexicano estableció firmemente, también durante la mencionada reunión de la Organizaci­ón de las Naciones Unidas, que el bloqueo económico contra Cuba y el continuo desacato de las resolucion­es de la AG de dicha organizaci­ón, por parte de un miembro permanente del Consejo de Seguridad, el cual tiene una responsabi­lidad especial en la defensa de los principios y propósitos de la ONU, son inaceptabl­es en el marco del derecho internacio­nal y de nuestros preceptos constituci­onales de política exterior plasmados en la fracción X del artículo 89 de nuestra Carta Magna

y denunciado­s ante tribunales de la Unión Americana.

Además, la representa­ción mexicana afirmó que la Carta de la ONU, en su capítulo VII, reserva al Consejo de Seguridad la facultad exclusiva de hacer recomendac­iones o decidir qué medidas serán tomadas para restablece­r o mantener la paz y la seguridad internacio­nales. Por ello, nuestro país sostiene que no debe haber sanciones de ningún tipo al margen de las que decida adoptar el Consejo de Seguridad. Esto significa, entre otros, que las políticas aplicadas a Cuba por EU generan responsabi­lidad internacio­nal.

Congruente con su vocación latinoamer­icanista, de apego al derecho internacio­nal y a sus principios constituci­onales de política exterior, México levanta la voz, una vez más, para denunciar un embargo económico, comercial y financiero injusto contra un país y su población.

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