Gobernabilidad, aun sin alcaldes
Tras la detención de los alcaldes de Nopala, Yahualica, Huautla y Epazoyucan, diputados locales de diferentes fuerzas políticas aseguraron que colaborarán para garantizar la gobernabilidad en los municipios involucrados .
El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo, Julio Valera Piedras, señaló que desde el Poder Legislativo del estado se encargará de garantizar condiciones de gobernabilidad, por lo cual estarán al pendiente del llamado de los suplentes para que rinda protesta a la brevedad en caso de que los ediles sean vinculados a proceso.
El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aclaró que están a favor de que se procese a cualquier persona que haya cometido algún delito, sin embargo, deberán esperar a que sean enjuiciados, por lo que en el caso de los dos munícipes a que militan en el tricolor no han solicitado ningún tipo de apoyo.
De acuerdo con Valera Piedras, es fundamental que se garantice que existirá respeto a los derechos humanos de los alcaldes detenidos y consideró que serán respetuosos del proceso que desarrolle el Poder Judicial con respecto a las acusaciones en contra de los funcionarios.
Por su parte, el diputado local de Morena, Fortunato González Islas, destacó que el actual gobierno estatal realice acciones de combate a la corrupción, pero consideró que deben existir los suficientes elementos acusatorios contra todos los servidores públicos.
Asimismo, exigió que se investigue a los autores intelectuales de la denominada Estafa Siniestra, ya que ue están involucrados diferentes funcionarios del gobierno estatal que podrían tener conocimiento
sobre la red de corrupción que investiga la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).
En tanto, el coordinador del grupo legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Octavio Magaña Soto, sostuvo que no hay componentes políticos contra los alcaldes detenidos.
La diputada del PRI, Rocio Sosa, también expuso que las autoridades estatales deben ser las encargadas de esclarecer si los servidores públicos aprehendidos son los responsables del delito.