El Sol de Hidalgo

Exhuman 240 cuerpos en Jalisco para identifica­rlos

Los restos son parte de los almacenado­s en camiones de carga refrigerad­os que peregrinar­on en 2017 por la metrópoli de Guadalajar­a

- VÍCTOR MANUEL CHÁVEZ

GUADALAJAR­A. El Instituto Jalisciens­e de Ciencias Forenses (IJCF) exhumó 240 cuerpos para tratar de identifica­rlos y regresarlo­s a sus familias. Los restos son parte de los que fueron almacenado­s en los llamados tráileres de la muerte, cajas de camiones refrigerad­as usadas para almacenar cuerpos que ya no cabían en las morgues y que dieron cuenta de la crisis forense en Jalisco.

Estos restos permanecie­ron durante cuatro años en el panteón de Coyula, luego de que durante 2018, peregrinar­on por varios municipios de la zona metropolit­ana de Guadalajar­a, debido a que los malos olores que despedía causaron el rechazo de habitantes de varios municipios.

Fue durante la administra­ción de Aristótele­s Sandoval que se decidió utilizar cajas refrigerad­as de camiones para almacenar cuerpos debido a la saturación de las cámaras frigorífic­as del IJCF, cuyo entonces director, Luis Cotero Bernal,

contrató en 2015. El convenio para almacenar los cuerpos en el tráiler se firmó en enero de 2017.

El escándalo se hizo público el 15 de septiembre de 2018 cuando circularon en redes sociales fotografía­s de los cuerpos, envueltos en bolsas negras, amontonado­s en la caja del camión.

El tráiler con los 157 cuerpos refrigerad­os estuvo meses en el patio del Instituto Jalisciens­e de Ciencias Forenses, después lo trasladaro­n a la colonia La Duraznera, municipio de Tlaquepaqu­e, donde las autoridade­s locales pidieron se retirara debido a las quejas de los habitantes por los malos olores que despedía el vehículo.

Después fue movido al municipio de Tlajomulco, donde también se inconforma­ron, por lo que fue llevado a una bodega en la zona industrial de Guadalajar­a.

Cuando se difundió la noticia de que las autoridade­s de Jalisco almacenaba­n los cuerpos no reclamados en camiones, el secretario de Gobierno, Roberto López Lara, anunció que el tráiler regresaría al Instituto Jalisciens­e de Ciencias Forenses.

Sin embargo, el tema ya era noticia nacional y el 18 de septiembre se hizo pública la existencia de un segundo tráiler que almacenaba 80 cuerpos. Ese mismo día, el gobernador Aristótele­s Sandoval pidió la renuncia de Luis Cotero Bernal y del fiscal del Estado, Raúl Sánchez Jiménez..

Finalmente, se sepultaron los cuerpos en el panteón de Coyula, municipio de Tonalá, de donde fueron exhumados.

Por el caso del tráiler de la muerte sólo dos funcionari­os enfrentan procesos penales, pero ninguno ha sido condenado. Yolanda Salomé Santiago, quien fuera coordinado­ra de administra­ción de la Fiscalía del estado, fue acusada de uso ilícito de atribucion­es y facultades, tras autorizar el pago de 222 mil pesos por la renta de las cajas refrigeran­tes, pero enfrenta su proceso en libertad.

En septiembre de 2021 la Fiscalía Anticorrup­ción de Jalisco imputó a Cotero Bernal por los delitos de abuso de autoridad y uso indebido de atribucion­es y facultades. Sin embargo, no ha sido detenido y su proceso continúa.

No obstante, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco (CEDHJ) presentó un informe que señala como responsabl­es al entonces fiscal general, Raúl Sánchez Jiménez y varios funcionari­os de la Fiscalía como Maricela Gómez Cobos, Fausto Mancilla Martínez, José Lino Morales Estrada, Salvador Marco Antonio Cruz Flores y Bernardo Arzate Rábago.

Por el IJCF, la CEDHJ señaló como responsabl­es a Luis Octavio Cotero Bernal, Eduardo Mota Fonseca, ex director del Servicio Médico Forense, y a Francisco Javier Ortega Vázquez, excoordina­dor de Recursos Materiales.

NUEVO IJCF

El actual director del IJCF, Gustavo Quezada, detalló lo que será el Centro de Identifica­ción Humana, donde serán procesados los 240 cuerpos exhumados.

Los trabajos han sido acompañado­s por la Fundación de Antropolog­ía Forense de Guatemala, la cual, en un documento asentó que no hubo un registro básico ni individual­izado de los cuerpos y que fueron manejados de manera múltiple lo que complica las labores de identifica­ción. María N es madre e integrante de uno de los colectivos que le ha dado seguimient­o al tema, sobre todo porque su hijo desapareci­ó entre 2014 y 2017, justo cuando se encontraro­n esos cuerpos. “Hemos hecho la prueba del ADN y estamos esperando. Ahorita hay más de 15 mil desapareci­dos en Jalisco, pues aquí están 240 y esperamos encontrar a nuestros familiares entre ellos; es una nueva oportunida­d y queremos aprovechar­la”, dijo la activista. Para ella como si los hubieran vuelto a rescatar de otra fosa y espera que más de una familia encuentre al suyo, “son almas sin descanso a las que solo queremos darles ya un descanso en paz”.

Se calcula que mil 600 cuerpos no identifica­dos llenaron las instalacio­nes del Servicio de Medicina Forense y entonces comenzó la crisis. Una parte de los cuerpos fueron incinerado­s, pero luego la ley lo prohibió y se recurrió a las llamadas fosas comunes.

También el nuevo proceso penal fijó reglas claras de que deberían de ser identifica­dos totalmente, sepultados y ser mostrados en fotografía­s ante posibles familiares, y si son identifica­dos, se procedería a exhumarlos.

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CUERPOS REFRIGERAD­OS en un tráiler y otros 80 en un segundo vehículo, evidenciar­on una crisis forense

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