Puente Grande ya estaba subutilizado
Desde julio y agosto, el Gobierno federal comenzó con el traslado de presos al penal de Buenavista
Era el segundo a nivel nacional, después del penal del Altiplano. Trascendió por la fuga de Joaquín
el Chapo Guzmán en 2001
CDMX. El Gobierno federal cerrará el Centro de Readaptación Social número 2 de Occidente, con sede en Puente Grande, Jalisco. Según lo publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el penal se desincorporará del Sistema Penitenciario Federal.
El reclusorio federal de Puente Grande nació en 1993 como parte de un proyecto de cárceles de máxima seguridad para contener a reos considerados como de alta peligrosidad. Era el segundo a nivel nacional, después del penal federal del Altiplano. Trascendió más por la fuga de Joaquín el Chapo Guzmán en 2001 y por los personajes que llegó a hospedar, que convirtieron ese sitio en una bomba de tiempo que el 1 de julio de este año tuvo que ser desactivada con el traslado urgente de 380 reos.
Ya estaba subutilizado. Desde hace dos meses los dormitorios 1 al 4 estaban vacíos, sólo se ocupaban los dormitorios 5 al 8. A la fecha había 376 internos, según los cuadernos mensuales de información estadística penitenciaria nacional.
José Refugio Rodríguez, abogado de el Chapo Guzmán, señala a Organización Editorial Mexicana que desde principios de julio y parte de agosto, el Gobierno federal comenzó con el traslado de presos al penal de Buenavista, en Michoacán, por lo que ya se tenía el plan de cerrarlo.
Desde mayo pasado el Cefereso vivió momentos difíciles. Todo comenzó el 8 de mayo cuando murió por Covid-19 el interno Moisés Escamilla May el Gordo May, líder de una de las células de Los Zetas que operaba en Quintana Roo.
Cuatro días más tarde se presentó un amparo que fue desechado por no tener los nombres de los internos que reclamaban acciones para frenar los contagios, y entonces intervino la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), para tramitar nuevo juicio de garantías a favor de 379 personas, por “omisión de realizar acciones efectivas para la prevención del contagio del virus denominado Covid-19”.
El 29 de mayo, la Secretaría de Salud federal aplicó 500 pruebas y tres días después se dieron protestas por ese motivo. El Órgano Administrativo Desconcentrado
Prevención y Readaptación Social, encargado de la administración de las cárceles federales, designó a Luis Fernando Mendoza como nuevo director del penal. Quedó fuera Salvador del Monte.
En junio 30, un total de 80 servidores públicos del Cefereso fueron enviados asignados al Cefereso 17 de Michoacán y al día siguiente 380 reos de los dormitorios 1 al 4 fueron sacados de Jalisco y enviados a ese mismo reclusorio de la población de Buenavista. Entre ellos iba Miguel Ángel Treviño Morales Z-40 e integrantes de su organización.
Quedaron sólo 376 internos en los dormitorios del 5 al 8 y los problemas continuaron. El 18 de agosto, personal de custodia entró al dormitorio 7 para revisión y encontraron un teléfono celular, lo que generó un pleito. Internos adujeron que los custodios se mostraron agresivos con ellos e incluso sostuvieron que fue un ataque directo ordenado desde los altos mandos del reclusorio porque ellos mantenían una huelga de hambre. El saldo: seis custodios heridos, dos de ellos graves.
Cinco días más tarde se dio una nueva riña entre internos sin personas lesionadas. Así acabaron los últimos días de un reclusorio de corta vida, apenas 27 años, y que además de el Chapo albergó a personajes como Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo, Miguel Ángel Treviño Morales, Mauro Adrián Villegas el Blacky, Jesús Alfredo Beltrán Guzmán el Mochomito, Israel Vallarta Cisneros y Rodrigo Villegas Bon, jefe de pistoleros de los hermanos Arellano Félix.
COSTOS PROVOCARON CIERRE: EXPERTO
Samuel González, extitular de la Unidad Especializada de Delincuencia Organizada, dijo que el cierre del penal de Puente Grande obedece a lo costoso que le significaba al Gobierno federal mantenerlo en funcionamiento y a la caída en las estadísticas de la población penitenciaria a la luz de los programas de no abuso de la pena de prisión. Sostiene que, comparado con lo que cuesta un penal público-privado, “Puente Grande sí era muy costoso”.
De acuerdo con el decreto publicado en el DOF, y signado por el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, “las personas privadas de la libertad que alberga el Centro Federal de Readaptación Social número 2 "Occidente" serán trasladadas a los centros federales de readaptación social que determine el Comisionado de Prevención y Readaptación Social”.
Cabe señalar que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana determinará el destino final del bien inmueble y la Dirección General de Administración de Prevención y Readaptación Social realizará las acciones para el destino final de los bienes muebles.