En el periodo
1988-2000, durante los gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, tuvo lugar en México un avasallador desmantelamiento estatal que privatizó casi la totalidad de las más de mil empresas públicas que operaban en los diversos sectores económicos (petrolífero, siderúrgico, financiero, telefónico, alimentario, ferroviario, aeroportuario, etc.).
Proceso que fue acompañado por reformas constitucionales, proseguidas por Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que posibilitaron la también privatización de los recursos nacionales que fueron entregados a particulares bajo la figura de “concesiones” renovables, otorgadas algunas por 50 años. Así ocurrió con los recursos hídricos y fosilíferos y, en particular, con la minería. No era una nueva reforma agraria que repartiera latifundios privados entre campesinos e indígenas desposeídos: fue el neo reparto del 60% del territorio nacional a los intereses del gran capital nacional e internacional. Pero faltaba algo peor: la pulverización institucional del Estado y la pertinaz e irrefrenable confiscación de los recursos económicos que apoyan no sólo a la academia, investigación y difusión científica y culturales, sino también a la población más vulnerable, que lleva a cabo el gobierno actual a través del Poder Legislativo, ambos envueltos para legitimar esta felonía en la bandera del “combate a la corrupción”.
Por ello conmueve ver cómo desde las principales instituciones académicas (encabezadas por la UNAM, IPN y UAM), surge el clamor unánime por concientizar del atroz daño que para el progreso de la Nación implicará la extinción de los 109 fideicomisos públicos que se sumarán a los extintos por decreto presidencial el 2 de abril, como el Fideicomiso para el Fomento y la Conservación del Patrimonio Cultural Antropológico, Arqueológico e Histórico de México. Estruja atestiguar cómo decenas de académicos fueron violentados en sus derechos humanos cuando, al buscar ser escuchados por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara Baja, sus miembros, insensibles, se levantaron de la mesa apenas
votaron, haciendo gala de grosera cobardía. E indigna, duele, lacera, ver cómo décadas de esfuerzo gubernamental y ciudadano se habrán perdido, porque de materializarse este nuevo despojo a la Nación, México quedará en la orfandad, justo cuando más requiere de apoyos para la salud, educación e investigación, para el arte, ciencia y tecnología.
Todos recordamos que para llegar al poder, la presente administración prometió elevar el presupuesto destinado a dichos rubros como “nunca antes lo hicieron los neoliberales”. No sólo no lo elevó: lo cercena. $68 mil 478 millones de pesos (mdp) son ahora el botín, integrado por 65 fondos del Conacyt (de Biotecnología y Bioseguridad, del INEGI, entre otros), 26 de centros de investigación y docencia, como los del CIDE, CIATEC, CICESE, COLEF, COLMICH, CIESAS, ECOSUR, CICY, COLSAN, IPICYT, INAOE, INFOTEC, Institutos Mora y de Ecología, y 18 más entre los que sobresalen los Fondos en apoyo de la Financiera Rural; Cambio Climático; Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas; Mipymes y Emprendedores; Deporte de Alto Rendimiento; Cine; ex Trabajadores Migratorios Mexicanos y, una vez más en la jugosa mira: el Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN).
¡Qué grave que “paguen” las instituciones por una presunta corrupción denunciada que hasta ahora ni siquiera se ha investigado, perseguido y, mucho menos, sancionado! Centralizar los recursos y monopolizar su destino, es de facto otra forma de corrupción, es dinero que no retornará a su origen. Si en verdad el objeto fuera sanear a las instituciones y acabar con la discrecionalidad en el manejo de fondos y fideicomisos, insisto: ¿por qué su extinción y, en su caso, no castigar a quienes se pudieron servir de ellos? La corrupción no la realizan las instituciones. La cometen los hombres y las mujeres: es una de las lacras del ser humano.