Da STPS 3 meses para eliminar outsourcing
Después de un trimestre de negociación, gobierno y empresas pactan cambios a leyes laborales
CDMX. En los próximos tres meses, los empleadores del país deberán integrar a sus trabajadores subcontratados en sus nóminas, según acordaron el gobierno federal, empresas y sindicatos.
Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el sector privado acordaron la prohibición de la subcontratación de personal, a menos que sea para servicios especializados, es decir, aquellos que sean distintos al del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa contratante.
Adicionalmente, el gobierno federal concedió limitar el reparto de utilidades a fin de evitar posibles distorsiones en empresas de uso intensivo de capital, creando dos modalidades para el cálculo del reparto, informó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Los acuerdos alcanzados ocurrieron después de más de tres meses de negociaciones sobre la desaparición de subcontratación laboral.
En noviembre, el jefe del Ejecutivo envió al Congreso una iniciativa de reforma para desaparecer este esquema de contratación, al considerarlo abusivo.
Tras el envío de la iniciativa, en diciembre el sector privado, los trabajadores y el gobierno federal suscribieron en Palacio Nacional un acuerdo para discutir los posibles efectos que la reforma traería en el reparto de utilidades.
La Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) se convirtió en un punto “crítico” para un acuerdo. La legislación anterior establecía que la PTU, también conocida como el reparto de utilidades, se calcula sobre 10 por ciento de las ganancias netas de las empresas, mismas que se reparten entre todos los trabajadores sin importar la productividad.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) informó que el cálculo para el reparto de utilidades será con un límite de tres meses de salario o el promedio de la participación de los últimos tres años.
Asimismo, la STPS destacó que con la fórmula acordada “se elimina la discrecionalidad y se lograría un incremento de 156 por ciento en el monto del reparto de utilidades a los trabajadores”.
El 19 de marzo, la dependencia, los representantes patronales y obreros acordaron agregar al Artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) la Fracción VIII que fija el tope para la PTU.
El acuerdo sobre reparto de utilidades fue llevado a la mesa de negociaciones de Palacio Nacional este lunes para avanzar en la reforma al outsourcing.
“Se trata de una deuda histórica con las mujeres y hombres que por años han trabajado bajo esta figura que ha vulnerado sus derechos”, dijo la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, en su Twitter.
La STPS destacó que los acuerdos alcanzados comprenden la prohibición de la tercerización y la inscripción al padrón público de las empresas de subcontratación de servicios y obras especializados, entre otros.
Sobre los cambios, el CCE destacó que después de tres meses de diálogo, mediante mesas de trabajo y foros se lograron atender las preocupaciones de los sectores en ambas materias.
El organismo empresarial solicitó anteriormente un plazo de seis meses a un año para que las empresas integraran al personal de outsourcing en sus nóminas.
Los acuerdos alcanzados también anticipan la responsabilidad solidaria de la empresa en caso de incumplimiento del outsourcing.
Por otra parte, Francisco Hernández Juárez, dirigente colegiado de la Unión Nacional de Telefonistas (UNT), aseguró que la reforma negociada representó un buen avance en la protección de los derechos laborales.
“Era de la idea de que se erradicará totalmente la subcontratación, pero bueno, no había condiciones para ir más allá, pero no dejo de reconocer que fue un buen avance, fue un buen acuerdo y creo que va a estar muy limitada este tipo de prácticas ilegales”, dijo a OEM.
Además, el especialista en Derecho del Trabajo, Héctor de la Cruz, comentó que el acuerdo protege a los trabajadores "al evitar que algunas empresas abusen de la subcontratación y menoscaben los derechos laborales de los empleados al pagarles salarios muy bajos, no otorgarles seguridad social ni repartirles utilidades”.