Entre las campañas y el miedo
Hasta el 12 de abril, 126 candidatas y candidatos a un cargo de elección popular de Guanajuato habían solicitado medidas de seguridad para poder hacer campaña en las calles. Lo que llama la atención es que, de ellos, 80 aspiran a ser presidentes municipales de alguno de los 46 municipios.
La situación es entendible, pues los grupos del crimen organizado, en algunos municipios del estado, particularmente en la región Lajabajío, han permeado dentro de los gobiernos municipales. Basta recordar el audio que fue filtrado en 2019, en donde el ex alcalde de Cortazar, Hugo Estefanía Monroy, presuntamente negociaba con Noel Lara, alias El Puma, uno de los cofundadores del Cártel Santa Rosa de Lima, la manera para poder hacer obra pública en algunas ciudades de la región y con ello poder limpiar el dinero que era proveniente del robo de hidrocarburo.
O bien, las limpias totales de policías, como la de Juventino Rosas o Manuel Doblado, pues se comprobó por parte de la autoridad estatal que compartían información a los grupos criminales para poder operar la zona con total impunidad. De facto, en algunos municipios hubo decisiones tomadas por los grupos criminales y por ello la designación de algunos perfiles les resultaba incómodo, de ahí que varios aspirantes hayan recibido amenazas, algunas poco conocidas, pero el que no las hayan denunciado no significa que no hayan existido.
Apenas el primer de abril, Marko Cortés, dirigente nacional del Partido Acción Nacional, admitió que en varias partes del país, candidatos de este instituto político habían abandonado sus candidaturas por recibir amenazas. “(Me han dicho) que no pueden seguir en la contienda y ya son varios en los diversos cargos, desde diputados locales, diputados federales, senadores no ha habido casos, alcaldes muchos casos, regidores, esto es un problema, el crimen organizado en muchos lugares decide quiénes tienen que participar, como en Guerrero, en Michoacán, en Sinaloa, como Sonora, como en
Veracruz, como en Morelos”, manifestó.
A los grupos delincuenciales poco les importan las reformas estructurales planteadas en el Congreso de la Unión; les interesa poco o nada qué grupo tiene mayoría en la Cámara de Diputados, a ellos les importa con quién tienen que negociar, por las buenas, por las malas o por las peores, en los municipios donde tienen presencia.
Por eso, las 80 solicitudes de seguridad de aspirantes a gobernar alguno de los 46 municipios no debe pasarse por alto, significa que esas 80 personas son sabedoras de que hay riesgo si siguen en la contienda y hasta si ganan el cargo. El asesinato de la candidata a la presidencia municipal de Celaya, Gisela Gaytán Gutiérrez, vino a revelar estos temores que siempre habían existido, pero que habían sido callados.
Tres meses han pasado desde la desaparición forzada de la buscadora salmantina Lorenza Cano Flores, ocurrida en Salamanca. Fue el 15 de enero cuando hombres armados ingresaron por la fuerza a su casa, la golpearon, la subieron a una camioneta y desde entonces no se sabe nada. Desde 2018, Lorenza había decidido salir a las calles, por sus medios, a buscar a su hermano José Francisco, desaparecido en ese año.
El de Lorena Cano se trata de un caso que conforme pasa el tiempo se vuelve más turbio, sobre todo porque luego de la desaparición de la activista, tres de sus familiares fueron asesinados. Lo último que se sabe fue que Lorenza Cano fue llevada a Villagrán, uno de los bastiones del Cártel Santa Rosa de Lima. Lo demás es incierto.
Sin embargo, en medio del dolor y la incertidumbre, se debe recordar que cada vida perdida, cada persona desaparecida tiene un nombre, una historia, una familia que le espera con ansias. Lorenza Cano Flores no es solo un número en una estadística, es una mujer, una madre, una activista cuya voz sigue resonando en cada marcha, en cada jornada de búsqueda, en cada corazón que clama por justicia.
A medida que pasan los días y las semanas, la pregunta sigue sin respuesta: ¿dónde está Lorenza Cano? Pero también debe caber la pregunta: ¿qué se está haciendo como sociedad para asegurar que casos como el suyo no se repitan? ¿Qué se está haciendo para combatir la impunidad, la violencia y la injusticia que continúan cobrando vidas en nuestro país?
En memoria de Lorenza Cano Flores y de todas las víctimas de la violencia y la impunidad, no se puede permitir el lujo de callar, de dar la espalda a la injusticia. Es hora de levantar la voz, de exigir justicia, de luchar por un país donde la verdad y la justicia sean más que meras palabras en un papel. Porque en esta coyuntura, el silencio ya no es una opción.
EL GALIMATÍAS DE LAS MEDIDAS AFIRMATIVAS Y LA PARIDAD
Lo que se preveía, sucedió. Las medidas afirmativas y la paridad se convirtieron en un dolor de cabeza y prometen serlo en las subsecuentes elecciones, si no hay candados que eviten que los partidos políticos las utilicen de forma ventajosa para registrar candidaturas sólo por registrar.
Lo sucedido hace unos días en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en donde aprobó un acuerdo para dar cumplimiento a la sentencia de la sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para así aprobar 21 planillas del Partido del Trabajo, surgió una controversia que tiene varias lecturas.
Resulta que aduciendo al concepto de medidas afirmativas y paridad, que no son otra cosa que la acción con la que se busca compensar las condiciones que discriminan a ciertos grupos sociales en el ejercicio de sus derechos para que tengan representatividad, el Partido del Trabajo quiso registrar a Michel Vladimir Santos Salcedo como candidato a la presidencia municipal de León, pero a su vez éste también buscó registrarse en la primera regiduría, que por el concepto de paridad está reservado para una mujer, pero aseguró que su registro debería proceder porque se autodefinía así, como mujer.
Esta situación generó un intenso debate, en donde la consejera Sandra Liliana Prieto y la representante del Partido Verde, Vanessa Sánchez, fueron las más combativas en éste y ambas coincidieron que se estaba ante una simulación, por lo cual el registro no debería proceder. Al final, el
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato determinó que no había condiciones para el registro, pues hacían falta algunos requisitos, pero esta situación abrió el debate.
La discusión vuelve a retomarse, pues durante los registros de planillas, prácticamente todos los partidos políticos recurrieron a la simulación. Por ejemplo, intentaban registrar a personas para ocupar una de las posiciones reservadas para migrantes, sólo porque tenían residencia tanto en México como en Estados Unidos. Hubo otros casos en donde hombres quisieron ser registrados como mujeres y viceversa, pero sus registros no procedieron, no por ello, sino por falta de documentos probatorios. Hasta eso hicieron mal.
Sin embargo, con esto quedó claro que a los partidos no les importa garantizar la real representatividad, lo que buscan es ocupar la mayor cantidad de cargos o conservar registros para asegurar una elección más. ¿La credibilidad? No es un asunto que les interese, total, al rato fundan otro partido, migran a toda la militancia y a seguir con la simulación durante tres o seis años más.
¿MÁS DEUDA?
Durante su reunión con la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, capítulo León, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, dejó entrever que, de ganar la elección y de ser necesario, no descartaría solicitar un nuevo crédito para llevar a cabo proyectos prioritarios, sobre todo los que tengan que ver con temas de agua.
Si bien Guanajuato no tiene problemas de solvencia financiera, pues las calificadoras Moody’s y Fitch Ratings le dan calificaciones positivas que le permiten adquirir más deuda, la pregunta es: ¿no puede Guanajuato tener otras fuentes para financiar proyectos? ¿Mejorar la recaudación no debería ser una prioritaria opción?
Durante el actual sexenio estatal, la recaudación de Guanajuato pasó de seis mil millones al año a 16 mil millones anuales; aún es una cifra baja, si se considera que el presupuesto de egresos anual ronda los 90 mil millones de pesos, pero se hizo un esfuerzo y se lograron 10 mil millones de pesos extra.
También es cierto que Guanajuato no debe detener su desarrollo en obra pública, pero cierto es también que la opción de la deuda debería ser la última a tomar. La liga del salvavidas financiero no se debería estirar innecesariamente y menos d forma apresurada. Hay tiempo para planear y también para reconsiderar.