A LA SOMBRA
Conforme avanzan los días, el desastre detectado por la Auditoría Superior de la Federación, cuyo titular es David
Colmenares, en la administración de Seguridad Alimentaria Mexicana (la Conasupo de la 4T), comandada por IGNACIO OVALLE, se hace cada vez más evidente. No bastó con remover al director de Administración, René Gaviria, y sustituirlo con Omar Navarro, enviado por la Secretaría de Hacienda para tratar de enmendar los entuertos encontrados.
Nos cuentan que se ha echado mano de traer antiguos funcionarios de Diconsa y Liconsa, que trabajaban ahí desde los tiempos de Feli
pe Calderón y Enrique Peña Nieto, para ocupar los cargos de gerente de Control Presupuestal, gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales y gerente de Tesorería, todos los cuales llegan con la misión de componer el desastre administrativo en que se encuentra y clarificar presuntos actos de corrupción que arrojaron las auditorías.
Tan mal está todo que el despacho privado que recomendó la Secretaría de la Función Pública para atender el caso Segalmex concluyó que no hay condiciones para auditar por falta de documentos y procedimientos para hacerlo.
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“De conformidad con el fundamento legal y en atención al requerimiento referido, comunico a Usted que al día de la fecha el partido político nacional Morena no ha solicitado renunciar a monto alguno de su financiamiento público federal para el ejercicio 2021.” Así contesta el INE, de Lorenzo Córdova, a una pregunta del representante de Acción Nacional ante ese instituto.
Todo, porque se escuchan spots morenistas en los que presumen que renunciaron a parte de sus prerrogativas para donarlas a la lucha contra el Covid19. Mario Delgado, presidente nacional de ese partido también asegura que se han apretado el cinturón para destinar dinero a la salud de los mexicanos, pero el hecho concreto es que nadie sabe ni ha visto dónde o cuándo se hizo llegar ese dinero y cómo se usó… un misterio del que, cuando menos el INE, no tiene idea…
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El periódico inglés Financial Times, ya desacreditado por el presidente Andrés Manuel
López Obrador por fifí y neoliberal, vuelve tundir al mandatario mexicano, al que acusa de estar estancado en el pasado e “ideológicamente necrofílico” por insistir en políticas públicas obsoletas que han probado su inutilidad en el pasado, por insistir en proyectos sin lógica económica, como el Tren Maya y, peor aún, por abandonar la lucha contra los cárteles de la droga.
Aun así, el diario concede que cuando menos AMLO no lleva a México por la ruta venezolana, al cuidar de la manera más neoliberal posible que la inflación se mantenga controlada y el déficit público no se desbalancee.
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La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), encabezada por Alejandra Palacios, acaba de concluir, preliminarmente, que no existen condiciones de competencia efectiva en seis rutas del servicio de transporte marítimo de pasajeros en la modalidad de ferris en Quintana Roo: con origen y/o destino Isla Mujeres a Puerto Juárez, Gran Puerto, El Caracol, Playa Tortugas y El Embarcadero, y de Cozumel a Playa del Carmen. Es decir, que con la complacencia histórica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no existen condiciones de competencia real entre las navieras que brindan el servicio.
En momentos de pandemia, en los que el turismo se ha desplomado, este destino de playa en el Caribe mexicano ve cómo los precios del servicio de transporte se elevan, perjudicando a los habitantes de la zona que ven afectados sus bolsillos. Varios personajes locales, entre ellos la diputada Adriana
Teissier, buscan que se reconozca que ese transporte es un servicio de interés público y no de interés privado, por lo que se requieren modificaciones al artículo 42 de la Ley de Navegación.