A LA SOMBRA
De paso hay que recordarle al mandatario que actualmente están desaparecidos dos comunicadores, ambos del estado de Sonora:
Jorge Molontzín Centlal, reportero de la revista Confidencial, a quien no se le ve desde el pasado 10 de marzo y Pablo Romero Chávez, de quien no se sabe nada desde el 25 de marzo. El titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de Segob, Enrique
Irazoque Palazuelos, se comprometió a promover acciones ágiles y oportunas para la localización de los periodistas, pero no ha habido avances.
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Mientras todos los políticos de este país andan vueltos locos con las campañas electorales, el “cabildeo del humo” se mantiene con baja intensidad pero constante. Más de 66 organizaciones sociales instaron ayer a la Mesa Directiva, que preside Dulce María Sauri, y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, presidida por el morenista
Ignacio Mier, a que discutan, dictaminen y aprueben antes de un mes la Ley General para el Control del Tabaco que endurece las medidas de control sanitario y comercial para reducir los efectos del tabaquismo.
Al mismo tiempo, los legisladores tienen detenida la legalización de la cannabis para uso recreativo, que ya fue aprobada en el Senado, por atentar, dicen, contra los derechos humanos de los usuarios. El debate ya parecía estar superado, pero el caso es que no avanza. Por un tema u otro, es común ver a ONG y empresas tabacaleras ir y venir por los pasillos legislativos sin encontrar a los responsables de sacar adelante tales dictámenes.
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El Inegi que comanda Julio Santaella ha detectado inusuales e inexplicables aumentos en el precio del pollo en la mayoría de las ciudades del país, un producto básico de la dieta del mexicano. De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), de enero a febrero de 2021 el consumo de pollo decreció siete por ciento comparado con el mismo período de tiempo en 2020.
La semana pasada la Profeco, que dirige
Surit Berenice Romero, advertía que el precio de la pechuga de pollo alcanzaba los 135 pesos por kilo. Habrá que ver qué medidas emergentes toma la Secretaría de Economía, que dirige Tatiana Clouthier, para frenar esta tendencia insostenible para el bolsillo de la mayoría de los mexicanos, cuyo origen parece estar en un cártel del pollo que está especulando con el ave.
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Como si no tuviera ya bastantes problemas la ombudsperson nacional, Rosario Piedra Ibarra, con la conformación de su disfuncional equipo de trabajo, que nada más no queda estable desde su nombramiento, ahora le aparecen resoluciones falsificadas.
De la nada surgió una supuesta recomendación de la CNDH dirigida a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y a la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), sobre supuestas violaciones a los derechos humanos y al acceso de una vivienda digna de varios damnificados por el sismo del 7 de septiembre de 2017.
En dicho documento aparece su firma falsificada en tinta azul, salida de un correo electrónico que no es de la Presidencia del organismo. ¿Pues de qué tamaño está el problema de los damnificados en la ciudad que hay quien recurre a eso? El tema parece tener una larga y pisoteable cola…