Pendientes laborales
La Constitución de la Ciudad de México fue elaboraba y aprobada por todas las fuerzas partidistas, con participación ciudadana, académica, de grupos sociales de toda la Capital, e incluso por organismos internacionales. Con el fin de volverla aplicable las y los diputados de la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México, electos en 2018, tenían que modificar y crear diversas leyes. Hoy, por omisiones a la Constitución de la Ciudad de México, el acceso a los derechos de varios grupos poblacionales de la Ciudad está vulnerado.
Por ejemplo, si las y los diputados hubieran respetado los tiempos fijados por la Constitución, hoy cientos de miles de personas, que se encuentran en una crisis económica severa y en desamparo por la pandemia, podrían contar con seguro de desempleo o con atención médica. Es el caso de las personas no asalariadas trabajadoras en los sectores del comercio popular, mercados públicos, tianguis, del trabajo sexual, de la cultura o del patrimonio como el Mariachi.
A pesar de lo estipulado en la Constitución de la Ciudad de México sobre la necesaria creación de una ley para garantizar los derechos de las personas no asalariadas, las y los diputados del Congreso local siguen sin legislar. A la fecha esos derechos, entre otros, son de papel. Organismos internacionales como la OEA o la CEPAL han señalado la importancia de apoyar a este sector.
Durante la administración pasada la Comisión de Derechos Humanos local ya había emitido una recomendación al Gobierno en turno con respecto a la situación de los derechos de las personas trabajadoras del comercio popular. El tema de los derechos de las personas no asalariadas sigue siendo un tabú social, la información sobre estos sectores es inexistente o inaccesible, la política gubernamental opaca. El tema sigue pendiente y ya se van… o se reelegirán.
Mas desde el ámbito federal se busca terminar con la situación de precariedad laboral de las personas trabajadoras de plataformas digitales como repartidoras de comida. La falta de regulación de las plataformas digitales tiende a provocar situaciones laborales abusivas.
Colectivos han nacido por esta situación como #NiUnRepartidorMenos que visibiliza su realidad laboral luchando por condiciones humanas de trabajo. El colectivo surge a raíz de la muerte de José Manuel Matías, arrollado por un tráiler el 27 de noviembre de 2018 mientras entregaba un pedido. Con justa razón piden que las aplicaciones mejoren la protección ante situaciones de riesgo, y que se regule la relación laboral entre aplicaciones y personas trabajadoras digitales para contar con prestaciones. La organización impulsó proyectos de solidaridad colectiva para enfrentar sus retos laborales como registrar accidentes de tránsito, casos de acoso, robos o fraude, o de prevención y auxilio en caso de incidente. También buscan incidir en el proceso de la elaboración de un marco legal justo.
Las omisiones legislativas fomentan el trabajo precario. Profundizan la desigualdad laboral y económica. Es nuevamente una prueba de que los derechos no se regalan, se pelean y se ejercen. Cualquier persona consumidora también tiene un par de responsabilidad para difundir y mejorar la realidad.