El asalto a los fideicomisos
6 de noviembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un listado de modificaciones a diversas leyes con el objetivo de eliminar las barreras legales que impedían que el gobierno federal tomara el control de los recursos reservados para fines específicos y que se encontraban resguardados en fideicomisos.
El total de recursos confiscados por el gobierno desde estos y otros fideicomisos entre 2019 y 2020 supera los 800 mil millones de pesos. Cantidad suficiente para construir cinco aeropuertos como el AIFA, dos refinerías como Dos Bocas o el Tren Maya completo, con todo y su sobrecosto.
Para la comunidad científica, la derogación de la sección IV de la Ley de Ciencia y Tecnología no solamente significó la extinción de los fideicomisos y la pérdida de más de 23 mil millones de pesos, sino también la eliminación de los fondos para la investigación.
Estos fondos tenían más de 30 años de haberse creado y eran la base del sistema de financiamiento para la investigación científica. Había fondos institucionales desde donde el Conacyt y sus centros públicos de investigación asociados financiaban proyectos propios y en colaboración. Otros eran mixtos, desde donde se financiaban de manera conjunta proyectos de interés de los estados.
Pero no hay plazo que no se cumpla. La semana pasada la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó dos importantes declaraciones de inconstitucionalidad. Por un lado, declaró inconstitucional la modificación de la Ley General de Víctimas que permitió la eliminación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de las Víctimas.
Por otro lado, también declaró la inconsticionalidad de la eliminación del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine) por considerar que fue una decisión contraria a la prohibición de no regresividad de los derechos humanos de participación cultural y libre manifestación.
El escenario que se plantea para la sociedad a partir de las resoluciones de la Corte es de profunda importancia ya que demuestra el dolo y malevolencia del gobierno y de su fracción en las cámaras al aprobar con plena conciencia iniciativas ilegales que dañan y perjudican a la sociedad.