Donde hay obra, ¡sobra!
La obra pública es un filón de oro para la corrupción. Desde época inmemorial, los enjuagues entre funcionarios, con constructores y empresarios son harto conocidos.
El agonizante sexenio pasó del aplauso generalizado al rechazo total, gracias al destape del “affaire” de la Casa Blanca. El dedo flamígero, de la opinión pública, apuntó a la Constructora Higa, la que se dijo estaba involucrada en la mansión que la “primera dama” exhibió estultamente, en la revista Hola.
Ni forma de parar un escándalo que agravió a la sociedad (quizá por frívolo), aunque ha habido materia más seria, de la que poco se conoce. O, ¿seremos tan inocentes como para creer que la archimentada casa se puede equiparar a lo que “deja” la hechura de una carretera, un puente, nuevos hospitales y escuelas y remodelaciones sin límite?
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió su Recomendación 34/ 2018, correspondiente al socavón del Paso Express de Cuernavaca. El 12 de julio del 2017, un padre y su hijo, que circulaban por el apenas inaugurado “Paso”, perdieron la vida –asfixiados-, al hacerse un enorme socavón que se tragó al automóvil. El borlote fue mayúsculo y el secretario de Comunicaciones y Transporte (Gerardo Ruíz Esparza) se comprometió a investigar hasta sus últimas consecuencias y ver que se sancionara a los responsables. Ahora, la CNDH lo responsabiliza a él, como cabeza de la Secretaría, por la tragedia.
De Ruiz Esparza se ha dicho mucho, sin que le hiciera mella a su larga trayectoria. En su cargo, como secretario de Obras del Estado de México (cuando Peña Nieto fue
b d) ld h bo denuncias sobre la protección a ciertas constructoras, incluidas españolas.
Se mencionaron sobreprecios, incumplimiento en tiempos de entrega, sustitución de materiales y trampas para obtener las licitaciones. Una de estas “favoritas” se encargó de la factura del Paso Express.
La aludida había dejado obra inconclusa y mal hecha, en otras entidades, a pesar de que había sido objeto de multas y reconvenciones. Los taches en su actividad no fueron obstáculo para entregarle la vía esencial para los morelenses.
Los trabajos empezaron mal y acabaron peor. Fallecieron varias personas, los vecinos sufrieron inundaciones y serios perjuicios a sus viviendas y el presupuesto se incrementó en un 68%.
La CNDH acusa que el trabajo estuvo “plagado de deficiencias, que pueden ser indicativas de corrupción, lo que amerita una investigación penal”. Especifica que tardaron en sus pesquisas debido a las trabas que les puso la SCT, quien les negaba información e incluso su titular mintió en una comparecencia ante el Senado.
Bravo el dictamen de Derechos Humanos y vergonzoso el aferramiento de la Secretaría de la Función Pública (que no ha servido para maldita la cosa). Arely Gómez declaró que el expediente estaba cerrado y se había sancionado a ocho servidores públicos (Los conocidos chivos expiatorios).
Está de más. En el “juego de los rehenes” sexenal, unos a otros se solapan, a sabiendas de que todos tienen cola. La SCT entregará los “libros blancos”, hechos por especialistas en cubrir la porqueriza d dl ldd