PGR, un año acéfala y casos estancados

CDMX.- A un año de que Raúl Cervantes Andrade renunciara como Procurador General de la República, casos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Odebrecht, el proceso contra exgobernadores acusados de corrupción, Nochixtlán, Tlatlaya y el presunto espionaje contra defensores de derechos humanos y periodistas por medio del software Pegasus, siguen sin resolverse, e incluso podrían venirse abajo ante la mala integración de las carpetas de investigación por parte del Ministerio Público de la Federación.

A su salida de la PGR, Cervantes Andrade envió al Senado de la República un estudio donde señala las deficiencias y carencias que enfrenta la institución ante la entrada del nuevo Sistema Penal Acusatorio, e indicó que la arquitectura institucional de la PGR era inadecuada e insuficiente para llevar a cabo los procesos del nuevo sistema.

“Hay un uso muy limitado de los medios y de las salidas alternas de solución de controversias, se padece una desintegración en todas las capas de la organización de la PGR: normas, procesos, recursos humanos e información y casi dos mil funcionarios implicados en mil 134 casos de corrupción, entre ellos el de la constructora brasileña Odebrecht, están bajo investigación”, se advierte en el documento Desafíos y Acciones para Consolidar el Sistema Penal Acusatorio que Cervantes entregó al Senado.

Casos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapan, —que Cervantes Andrade tuvo en sus manos— jueces y magistrados han llegado a la conclusión de que la mayoría de los detenidos fueron torturados durante los interrogatorios, lo que constituye una violación a la presunción de inocencia, y permitió que ocho integrantes del grupo Guerreros Unidos ligados de manera directa con el secuestro y desaparición de los normalistas hayan salido libres por falta de pruebas.

Entre los sujetos que obtuvieron el beneficio están Patricio Reyes Landa, “El Pato”, Gildardo López Astudillo, “El Cabo Gil”, y Felipe Flores Salgado, “El Terco'”, que, de acuerdo a la PGR, participaron en el secuestro y desaparición de los normalistas. La resolución dejó mal parada a la Procuraduría, que sigue insistiendo en la verdad histórica del caso Iguala.

CASO ODEBRECHT

En su renuncia el 16 de octubre del 2017, Raúl Cervantes informó que en caso Odebrecht se habían concluido las investigaciones respecto a uno de los mayores esquemas de corrupción internacional que se hayan visto en América Latina .

“El complejo esquema para corromper funcionarios, obtener contratos públicos de manera indebida y luego tratar de esconder dinero mal habido en paraísos fiscales puso a prueba nuestra determinación y a las instituciones”, dijo Cervantes en su renuncia.

CASO DUARTE

Aunque el exprocurador Cervantes indicó que en su gestión armaron investigaciones contra funcionarios que se sentían intocables, como ex gobernadores, que cometieron abusos y excesos, así como contra alcaldes que pactaron con la delincuencia, a un año de su renuncia, la PGR reconoció que la investigación del caso del exmandatario de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, que originalmente planteada por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada tuvo errores importantes de inicio, aunque sostiene que la sentencia de nueve años dictada evitó que el caso quedara en la impunidad.

CASO ELBA ESTHER GORDILLO

A cinco años de haber sido detenida acusada de lavado de dinero y delincuencia organizada, Elba Esther Gordillo salió en libertar luego que la PGR se desistió de una apelación que había interpuesto contra la decisión de un tribunal federal que autorizó la prisión domiciliaria para la líder vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

NOCHIXTLAN Y TLATLAYA EN LA INCERTIDUMBRE

RAÚL CERVANTES EXTITULAR DE LA PGR “El complejo esquema para corromper funcionarios puso a prueba nuestra determinación y a las instituciones”

El caso Tlatlaya la versión oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue que se había tratado de un enfrentamiento entre militares y presuntos delincuentes en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, con saldo de 22 civiles muertos.

Pero testimonios de las testigos de los hechos y una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) echaron por tierra esa versión y señalaron la posible existencia de ejecuciones extrajudiciales.

Un juez ordenó a la PGR reabrir la investigación del caso Tlatlaya ante la ausencia de una investigación exhaustiva, adecuada y efectiva.