La Estafa Siniestra
La Procuraduría de Justicia de Hidalgo, que encabeza Santiago Nieto Castillo, ejerció acción penal contra cuatro presidentes municipales que sospechan participaron en una red que desvió hasta 172 millones de pesos provenientes del erario a través de empresas fachada, muchas de ellas creadas en el estado de Oaxaca.
Se giraron y ejecutaron cuatro órdenes de aprehensión contra los ediles de Epazoyucan, Fidel Arce; Yahualica, Elías Sanjuan Sánchez; Huautla, Felipe Juárez, y Nopala de Villagrán, Luis Enrique Cadena; este último ya acogido al criterio de oportunidad para informar sobre los demás participantes de lo que en esas tierras han denominado “Estafa Siniestra”.
Cuentan en la Procuraduría que los alcaldes involucrados solicitaban dinero a la Secretaría de Finanzas, de Delia Blancas, para la rehabilitación y mejoras de caminos, espacios recreativos, fumigación y para el arrendamiento de maquinaria. Posteriormente, y aunque los mencionados contratos no eran aprobados por los cabildos, se generaron facturas y sus correspondientes pagos a personas morales que tenían domicilios fiscales en otros estados y oficinas de servicio en casas particulares. Además, este reportero puede confirmar que existe igualmente una orden contra el edil de Pisaflores, Luis Francisco González, actualmente buscado por la justicia, y se integran ocho carpetas de investigación adicionales que supuestamente involucran a secretarios del gabinete del priista Omar Fayad.
A detalle, las pesquisas llevan hasta la Secretaría de Educación, que estuvo a cargo de Sayonara Vargas y posteriormente de Atilano Rodríguez, y la Secretaría de Salud, primero de Marco Antonio Escamilla y luego de Alejandro Benítez. Desde esas instancias, según las investigaciones, se llevaron a cabo también diferentes compras y adjudicaciones irregulares que podrían alcanzar los dos mil millones de pesos en desvíos.
Para la comprobación de los mencionados ilícitos —peculado y uso ilícito de atribuciones—, la Procuraduría hidalguense trabaja con el SAT, de Antonio Martínez Dagnino. Los colaboradores del gobierno pasado podrían alcanzar penas de hasta 14 años de prisión.
EL PLEITO DE CADA AÑO
En el gobierno de López Obrador y especialmente en la Secretaría de Hacienda, que dirige Rogelio Ramírez de la O, más de uno se dice sorprendido por las quejas de algunas empresas valeras que intentaron participar en la licitación consolidada de fin de año para suministrar vales electrónicos de despensa a un gran número de trabajadores del gobierno federal adscritos a dependencias como la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México (AEFCM) de Luis Humberto Fernández Fuentes; la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Leticia Ramírez Amaya; el ISSSTE, dirigido por Pedro Zenteno Santaella; el INSABI, de Juan Ferrer Aguilar; Conagua de Germán Arturo Martínez Santoyo, así como de otras 12 dependencias más. El desacuerdo se presentó luego de que durante la ejecución de la licitación pública LA 006000993-E18-2022, tres de las cuatro empresas concursantes, hicieron públicas sus inconformidades tras ser descalificadas por supuestamente incumplir con los requerimientos técnicos y administrativos que se solicitaron en la convocatoria, acusando a la ganadora, Toka Internacional, de llegar sola y con ayuda al terreno de juego.