En veremos, caso de Núñez ante la SCJN
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, Pue. Ante el proceso de destitución de autoridades municipales que se empezaron a dar en estos días, la nueva síndico municipal, María de Jesús Quintero Padilla, señaló que no hay desacato ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mientras que el regidor Marco Antonio Escobedo, ante la falta de transparencia y de información, dijo que buscará un acercamiento ante un ministro de la Corte para conocer la situación en la que se encuentra el tema.
No te puedo decir que estamos cayendo en un incumplimiento, porque hasta ahorita lo que yo recibí como tal de incumplimiento, se ha estado litigando, se ha estado interponiendo los recursos que se tuvieron que interponer.
De ahí que explicó que el equipo jurídico ha hecho un buen trabajo, por lo cual, no le preocupa la situación de una posible destitución por parte de la SCJN, como ha sucedido en el municipio de Tlacotepec, que por incumplimiento fueron destituidos las autoridades municipales.
Por el contrario, el regidor de Fomento Económico, Marco Antonio Escobedo Gutiérrez, opinó lo contrario a la nueva síndico municipal, pues señaló que curiosamente desde la semana pasada, ha estado en contacto con algunos regidores para buscar el acercamiento con algún ministro de la SCJN. Conocer el estatus, puesto que al no estar la exsíndico, quien está en cargo de los temas jurídicos, no es muy transparente con nosotros, con la información que da y al no ser abogado su servidor no conoce los términos.
También sobre el ayuntamiento hay una sentencia de la SCJN, que al no dar cumplimiento, estaremos siendo destituidos, por lo cual, es preocupante, pues al dictaminar como lo ha hecho en las últimas semanas, no quiero que el ayuntamiento entre a un desacato, porque se procede de manera legal, una pena que va hasta los diez años de prisión. Por lo cual, reiteró que buscan un acercamiento con el ministro, para conocer cómo se encuentra el tema ante la SCJN.
Cabe señalar que el ayuntamiento está obligado a pagar más de 700 millones de pesos, por alrededor de 18 hectáreas, en donde actualmente, se asienta el tianguis en la comunidad de San Lucas Atoyatenco, donde la SCJN ha ordenado pagar a los dueños de dichos predios.