AMLO jueces: embestida, problemas endémicos y discusión técnica
La embestida El único proyecto de gran transformación que impulsa Andrés Manuel López Obrador es la reforma del sector energético. Ahí ha puesto el acento y esa termina siendo la única gran apuesta de su gobierno hasta ahora. No son las tres grandes obras que muchos voltean a ver como “emblemáticas” del gobierno de AMLO las que importan. La refinería, el tren y el aeropuerto son solo eso, obras que, como el segundo piso en la ciudad de México, muchos usarán y servirán para los objetivos que se plantearon (en mayor o menor medida), pero no cambian un Estado; de ninguna manera se pueden comparar con la transformación de un sector.
La apuesta por la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica y la reforma energética que busca revertir las aperturas del peñanietismo en el sector, son la verdadera esencia del proyecto de López Obrador, porque ello le permite compararse con Lázaro Cárdenas (el mejor presidente del siglo XX mexicano) y lograr que su populismo se traduzca en algo más que un gobierno distinto: en un Estado distinto. Se trata de una transformación a partir del empoderamiento de CFE y Pemex como los buques insignia del Estado mexicano para competir con las transnacionales que operan en el país.
Por eso, las decisiones dictadas por jueces de distrito para suspender la aplicabilidad de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica provocaron una reacción desmesurada del presidente. Bajo ninguna óptica es justificable que pretenda la investigación de un funcionario por haber dictado una resolución que le disgusta y que no le convence. Y, a la vez, la respuesta del presidente de la Suprema Corte fue prudente, por más que algunos pidieran que se pusiera en el mismo nivel de beligerancia. El ministro Zaldívar optó por ser institucional y argumentar que la petición de AMLO había sido remitida al órgano se que se encarga de vigilar a los miembros del Poder Judicial.
No faltan las plumas que ven servilismo por parte de Zaldívar, pero los hechos muestran a un presidente de la Corte institucional y bajando los decibles del escándalo provocado a partir de la mañanera en la que AMLO criticó la resolución del juez. Las cartas que envíe López Obrador pidiendo se dilapide al juez pueden tener como resultado una investigación o el bote de la basura: no hay que darles la importancia que jurídicamente no tienen. Son exabruptos y lo mejor será encauzarlos por los canales institucionales.
Los problemas endémicos
Más allá de que lo diga AMLO, el Poder Judicial por supuesto que se debe mirar al espejo y aceptar el nepotismo y el influyentismo que muchas veces determinan la actuación de sus jueces. No basta con descalificarlo porque quien señala el error sea presidente de la república y no es suficiente que el Poder Judicial se envuelva en la bandera de la autonomía frente al Ejecutivo para pasar por el alto que el nepotismo y la deferencia hacia los empresarios y gobiernos mina la credibilidad del Judicial. Los males endémicos de los jueces se resolverán a partir de su reconocimiento. El país ha padecido un Poder Judicial muy deferente con los poderes políticos, empresariales y especialmente los mediáticos. Admitir que el influyentismo es un problema para el Poder Judicial no viene mal en un momento de transformación como el actual, dada la reciente reforma publicada hace unos días, que precisamente pretende cambiar la dinámica de cómo el Poder Judicial escoge y premia/castiga a su personal. No es deseable que el Ejecutivo confronte a los jueces fuera de los canales jurídicos, aunque muchos aplaudimos que si decide hacerlo lo realice en público en lugar de enviar personeros o prestarse a grandes acuerdos en la oscuridad, que terminan minando de manera más determinante la confianza en los jueces (piénsese en el caso de la guardería ABC o en el desafuero de López Obrador, donde las presiones o injerencia del Ejecutivo son por todos conocidas). Pero el problema es real, no porque lo diga el presidente, sino porque los ciudadanos lo padecen todos los días. El
por la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica y la reforma energética que busca revertir las aperturas del peñanietismo en el sector, son la verdadera esencia del proyecto de López Obrador, porque ello le permite compararse con Lázaro Cárdenas
La apuesta
Poder Judicial debe identificar sus males endémicos y afrontarlos. Martirizarse no es un camino adecuado
La discusión técnica
Por último, y aunque parece lo menos importante, puede ser que el juez se haya equivocado al otorgar la suspensión de la reforma a la ley de la industria eléctrica para efectos generales. Desgraciadamente es un debate que el propio presidente ensució, y que es un punto no menor: la procedencia de la suspensión en el juicio de amparo cuando se trata de normas en materia de competencia económica. La ley de amparo precisa que la suspensión no procede cuando dichas normas son dictadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones o la Comisión Federal de Competencia Económica (los dos árbitros administrativos en materia de competencia). Por lo mismo, es bastante discutible que, si la norma es dictada por el congreso, el juez tenga la facultad de otorgar la suspensión, porque precisamente una medida como la dictada por el juez “restaría eficacia a la rectoría del Estado en las materias de competencia económica” (según lo ha sostenido el mismo Poder Judicial). Esto quiere decir que tal vez en el fondo el presidente tenga razón y el juez se está extralimitando al determinar la suspensión de la reforma para efectos generales, no por las razones que aduce (influyentismo), sino porque abriría la puerta para que las empresas sujetas a las normas en materia de competencia puedan obtener suspensiones en el juicio de amparo y minar la eficacia de las normas dictadas en dicha materia. Ahora, aunque el propio Poder Judicial enmiende la resolución del juez, parecerá que fue por la presión del Ejecutivo o, si lo confirma, también parecerá que lo hará por la afrenta del Ejecutivo. El debate tiene demasiado ruido y el presidente lleva el pecado en la penitencia: el ataque ha sido tan desmedido, que puede abrir la puerta a minar de manera trascendente las funciones del Estado en materia de competencia económica. El exabrupto presidencial saldrá muy caro, cualquiera que sea el resultado final del juicio y de la revisión de la suspensión definitiva dictada por el juez (sea esta ratificada o no).