Cárcel, a quienes utilicen empresas fantasma: MB
El gobernador afirmó que esta actividad de gobiernos pasados ya no es común en la función pública
El servidor público que hoy en día utilice empresas fantasmas para simular operaciones de adquisición de bienes o servicio, pero a costa del erario público se irá a la cárcel, así lo sentenció el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, quien calificó esta práctica como delincuencial.
El Sol de Puebla dio a conocer que utilizar empresas fantasmas para simular operaciones fue una práctica común de presidentes municipales y funcionarios estatales en el pasado reciente, por lo que la Auditoría Superior del Estado (ASE) dirigida por Francisco Romero Serrano, ha presentado más de 35 denuncias por la comisión de este delito.
Ante esta información, el mandatario dijo que actualmente ya no es una práctica común y que no puede calificarse como algo cotidiano debido a que es un delito y, por tanto, debe de castigarse. De igual manera, Barbosa Huerta afirmó que aquel servidor que durante su administración esté vinculado al manejo de los recursos públicos y recurra a la utilización de facturas falsas, será denunciado, tal como se ha hecho con funcionarios que fueron parte de gobiernos pasados.
Aprovechó para mencionar que tienen un caso de este tipo en la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, no dio más detalles, sólo dijo que cobraron mil millones de pesos en acciones de gobierno que nunca ocurrieron, pero ahí están “las facturotas”.
“Aquel servidor público vinculado al manejo de recursos públicos en este periodo y que lo haga se va a ir a la cárcel, como estamos denunciando a muchos casos de gobierno anteriores", advirtió.
El Ejecutivo reveló que en la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla existe una factura por mil millones de pesos, por acciones que nunca fueron realizadas
"El servidor público que hoy utilice esa práctica se irá a la cárcel"
El servidor público que hoy en día utilice empresas fantasma para simular operaciones de adquisición de bienes o servicio, pero a costa del erario público se irá a la cárcel, advirtió el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, quien calificó esta práctica como delincuencial.
El Sol de Puebla dio a conocer que utilizar empresas fantasma para simular operaciones fue una práctica común de presidentes municipales y funcionarios estatales en el pasado reciente, por lo que la Auditoría Superior del Estado (ASE) dirigida por Francisco Romero Serrano, ha presentado más de 35 denuncias por la comisión de este delito.
Ante esta información, el mandatario dijo que actualmente ya no es una práctica común y que no puede calificarse como algo cotidiano debido a que es un delito y, por tanto, debe de castigarse. De igual manera, Barbosa Huerta afirmó que aquel servidor que durante su administración esté vinculado al manejo de los recursos públicos y recurra a la utilización de facturas falsas, será denunciado, tal como se ha hecho con funcionarios que fueron parte de gobiernos pasados.
Aprovechó para mencionar que tienen un caso de este tipo en la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (Ceaspue), del cual sólo dijo que cobraron mil millones de pesos en acciones de gobierno que nunca ocurrieron, pero ahí están "las facturotas".
"Aquel servidor público vinculado al manejo de recursos públicos en este periodo y que lo haga se va a ir a la cárcel, como estamos denunciando a muchos casos de servidores de gobierno anteriores (…) Hoy ya no se siguen repitiendo las mismas cosas, el servidor público que hoy utilice esa práctica se irá a la cárcel como se tienen que ir a la cárcel los que en gobiernos anteriores lo han hecho, así de sencillo. Por eso las empresas que sirven para simular contratos, cuántas cosas pa
El mandatario refirió que los gobiernos desviaban recursos con obras inexistentes/gobierno
saron o han pasado, obras y acciones inexistentes de gobierno que se justificaron con una facturita, sabían ustedes cómo era la forma tradicional de los gobiernos de sacar cientos de millones de pesos, pues desazolvando ríos, limpiando caminos, diciendo que limpiaron barrancas o como el Atoyac", concluyó.
DELITO DIFÍCIL DE CASTIGAR
En entrevista con este medio, la contadora pública certificada Rosa Huepa Onofre, mencionó que una vía para denunciar este delito puede ser ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el portal "presenta tu queja o denuncia" y señalar que alguna empresa está faltando al 69B del Código Fiscal de la Federación, puntualmente por la "simulación de operaciones".
Lo anterior, además de enlistar multas puede llegar a una acción penal por el delito de defraudación fiscal. Sin embargo, aceptó que en muchos casos es difícil que se lleven acciones penales, pues los creadores de las empresas suelen poner como dueños a trabajadores de bajos recursos que desconocen el verdadero objetivo de la compañía.
"Es difícil a veces que lleven a cabo acciones porque por lo regular estas empresas ocupan otros nombres, ocupan el nombre del jardinero, de alguien que los apoya con la limpieza y a ellos los ponen como representantes legales y realmente los verdaderos dueños, es decir, los accionistas no se sabe quienes son. Lo que hacen estas personas es pagarles hasta 5 mil pesos a personas para que firmen sin saber lo que hay detrás y ellos desaparecen", compartió.
La Secretaría de Hacienda será la que determine la sanción económica para este tipo de empresas que emiten facturas falsas, pero depende de la gravedad del caso y hasta podría catalogarse como delincuencia organizada.
¿QUÉ DICE EL CÓDIGO FISCAL?
De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación en el artículo 69B, se presumirá una empresa fantasma cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con el personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios que dicen ofrecer, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados.
En este supuesto, las autoridades procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha situación a través de su buzón tributario, de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, así como mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, con el objeto de que aquellos contribuyentes puedan manifestar ante la autoridad fiscal y así aportar la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos.