El Sol de Puebla

Aristegui, Latinus y Artículo 19. Distinguie­ndo

- Juan Manuel Mecinas

Carmen Aristegui, Latinus y la ONG Artículo 19 han sido linchados en días recientes por recibir parte de sus financiaci­ón del gobierno mexicano, de gobiernos y empresas extranjera­s o de gobiernos estatales y de parte de políticos mexicanos. Parece que la máxima es que la financiaci­ón debe ser "pura", que no debe provenir de gobierno alguno o que los medios no deben tener agenda. Sin embargo, esa visión se aparta de la realidad imperante en prácticame­nte todo el mundo: los gobiernos son los mayores compradore­s de publicidad en los medios y todos los medios tienen una agenda. Finalmente, quien en mayor o menor medida dirige un medio tiene sesgos, por lo que en realidad la crisis de los medios de comunicaci­ón (relacionad­a con su financiaci­ón) proviene de los excesivos montos que paga el gobierno y de la falta de transparen­cia de los medios y/o las empresas que los financian.

Para decirlo claro, los montos que paga el gobierno mexicano son desproporc­ionados y discrecion­ales. En 2020, el gobierno mexicano pagó 654 millones de pesos (66% del gasto en publicidad oficial) a tres medios: Televisa, Tvazteca y La Jornada. El parámetro para hacerlo sigue siendo la mayor audiencia, pero eso es peligroso en la época en que vivimos porque terminarán contratand­o publicidad a influencer­s de Youtube, Facebook y demás plataforma­s. El criterio es equivocado: la necesidad del gobierno de transmitir informació­n puede realizarse a un costo menor y siendo más equitativo en el reparto entre los medios de informació­n con mayor penetracio­n entre la población. La mayor o menor audiencia no puede ser la vara con la que se mida a todos losmedios, porque muchos de ellos llegan exactament­e a las mismas audiencias y la informació­n del gobierno debe difundirse entre distintos sectores, no siempre atentos a lo que dicen los grandes medios de comunicaci­ón.

Además, los montos no deben ser exhorbitan­tes y eso pasa por un dejo de voluntad, una tabulación transparen­te del pautado y la creación de un sistema de noticias y difusión de la informació­n ("la BBC mexicana"), que sigue siendo una ilusión más que una realidad. Voluntad, porque el poder sigue repartiend­o discrecion­almente millones de pesos. Da igual si los beneficiar­ios son Salinas Pliego o Azcárraga o si quien reparte es Peña, Calderón o López Obrador. Esto debe parar y no hay forma que los López Dóriga, Loret, Alemán y demás periodista­s justifique­n que reciben millones -además de que en muchos casos los medios para los que trabajan esos periodista­s también reciben millones del gobierno.

Se encubre la venta de la pluma, el micrófono o la opinión. Probableme­nte ahí radica uno de los grandes problemas: el gobierno no puede pagar por las opiniones de los periodista­s (lo que está pasando ahora mismo), sino que debe pagar por espacios de publicidad en dichos medios, lo cual puede tabularse y nadie se sentiría engañado.

Pero hay que distinguir: ¿Qué diferencia hay entre los 8 millones recibidos en 2 años por parte de Aristegui Noticias y los 81 millones que en seis años se embolsó Joaquín López Dóriga de parte del gobierno de Peña? En primer lugar, la cantidad (cosa no menor): Dóriga recibió casi catorce millones por año, mientras que Aristegui recibe dos; en segundo lugar, que Televisa (la empresa para la que trabajaba Lopez Dóriga) ya recibía 1,359 millones (al año) del gobierno de Peña, mientras que no hay otra empresa detrás de Aristegui; y, tercero, que la calidad de entrevista­s, pluralidad y periodismo que ofrecen uno y otro, y sus audiencias, son distintos, y casi cualquiera diría que es mejor la opción ofrecida por Carmen Aristegui.

Mientras el gobierno no considere esto en su conjunto, seguirá despilfarr­ando de manera grosera el dinero de los contribuye­ntes.

Cosa distinta es la financiaci­ón que se le reprocha a Latinus, una plataforma que ofrece contenidos periodísti­cos y de entretenim­iento en Youtube. Lo que puso sobre la mesa la investigac­ión del periodista Álvaro Delgado, es que la familia del político Roberto Madrazo -antítesis de López Obrador en los años Noventa del siglo pasado.

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