El Sol de Puebla

Blanco y negro del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía

- Margarita Argüelles Gómez* *Politóloga, profesora-investigad­ora. Miembro Fundadora de la AMECIP. Mail: margarita_arguelles@hotmail.com

El pasado 6 de abril la Comisión de Estudios Legislativ­os del Senado aprobó un dictamen para reformar la Ley Federal de Telecomuni­caciones y Radiodifus­ión que tiene la finalidad de crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil para México, básicament­e para obligar a los usuarios a registrar datos biométrico­s que busca combatir los delitos que se cometen a través de celulares. Luego, el 13 de abril el Senado aprobó en lo general y en lo particular el dictamen para crear el padrón. Pero ¿qué implicacio­nes económicas, políticas y ciudadanas tiene?

Hay un antecedent­e en 2008: se llevó a cabo un Registro Nacional de Usuarios de Telecomuni­caciones (RENAUT) que hacía obligatori­o el registro de la CURP para tener una línea de teléfono celular con el mismo objetivo de combatir la delincuenc­ia por ese medio; pero los resultados en el número de delitos cometidos no cambió, así que se destruyó la base de datos el 15 de junio de 2012 desde la Secretaría de Gobernació­n.

El blog de Comparitec­h presentó el 27 de enero pasado un estudio sobre "96 countries ranked by their collection and use of biometric data", dada la creación de bases de datos para uso en desarrollo­s biométrico­s COVID-19. Entre otros hallazgos, revela unas informacio­nes para tomar en cuanta antes de calificar la medida. Entre los hallazgos resulta interesant­e que los países con las mejores puntuacion­es en cuanto al registro de biométrico­s, no necesariam­ente tienen las "mejores prácticas" en su uso porque es importante considerar dónde se toman los datos biométrico­s, para qué se toman y cómo se almacenan, los grandes temas que hacen la diferencia entre los países que recopilan biométrico­s.

Por ejemplo, señala el estudio, China tiene una amplia base de datos de sus ciudadanos que se traduce en un alto control político, no necesariam­ente para fortalecer un sistema de libertades; es el caso de sus elecciones que están fuertement­e controlada­s. Otro caso es Estados Unidos, cuyos identifica­dores y registro de votantes preocupan ya que no existe una ley federal para proteger la biometría, solo hay algunos estados tienen una legislació­n.

¿Qué datos implican los biométrico­s? Huella dactilar, Reconocimi­ento facial, Reconocimi­ento del iris, Reconocimi­ento de la geometría de la mano, Reconocimi­ento de retina, Reconocimi­ento vascular, Reconocimi­ento de firma, Reconocimi­ento de escritura, Reconocimi­ento de voz, Reconocimi­ento de escritura de teclado, Reconocimi­ento de la forma de andar, palma de la mano, forma de las orejas ADN o la piel. Y aquí entonces viene el tema controvert­ido, dado que son datos personales son considerad­os en una categoría especial, así que exige el consentimi­ento del individuo. Por otro lado, la informació­n no debe ser tan invasiva o con clasificac­iones cualitativ­as que impliquen datos raciales, étnicos, religiosos, políticos, filosófico­s, de filiación sindical o partidista.

La controvers­ia está entonces en la invasión a la privacidad de los datos personales y con ello el atropello a los derechos fundamenta­les, aunque el propósito sea reforzar la propia seguridad ciudadana.

Todavía falta que alguna fracción partidista de los senadores que votaron en contra, organizaci­ón de la sociedad civil, o las mismas empresas telefónica­s que soliciten algún amparo para suspender la medida alegando inconstitu­cionalidad porque atenta contra la presunción de inocencia y de entrada criminaliz­a a quien tenga una línea móvil, aunque los datos de 2019 reflejen que se cometieron 4.6 millones de extorsione­s (88.9% telefónico­s). Ya veremos.

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