Golpe a la Corte o golpe de Estado
Al aprobar la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Senado decidió introducir un artículo transitorio que amplía el plazo del cargo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los consejeros de la judicatura por dos años más. Esta ampliación se contrapone con el plazo fijo que precisa la constitución y tiene una trascendencia inusitada, tratándose de la cabeza del Poder Judicial de la Federación y de los integrantes del órgano administrativo más importante de ese mismo poder.
Además, resulta significativa porque la reforma constitucional en materia judicial, recientemente aprobada –y de la cual deriva la reforma a la ley que introduce el transitorio mencionado- pone gran peso en las decisiones del ya de por sí importante Consejo de la Judicatura Federal para la designación, sanción y promoción de los juzgadores.
A pesar de la evidente inconstitucionalidad de la decisión del Senado, López Obrador aplaudió la decisión y el presidente de la corte y los consejeros de la judicatura callaron, lo que levanta muchas suspicacias. Más allá de que en la propuesta inicial (revisada por el Judicial) no se haya previsto la ampliación de mandato que el Senado votó la semana pasada, cualquier jurista serio sabe que lo aprobado por el Senado es, como mínimo, un atentado a la credibilidad de las instituciones judiciales. Sería un golpe de Estado dentro del Poder Judicial si Zaldívar o los consejeros estuvieran de acuerdo con la disposición del Senado. Y sería un golpe a la credibilidad del Judicial si, en su caso, ni Zaldívar ni los consejeros y nadie del judicial hubiese aprobado la inclusión de la disposición, es decir, si el Senado lo hubiese introducido sabiendo que era inconstitucional, pero con la finalidad de desprestigiar al Poder Judicial y a su presidente.
La constitución determina que el presidente de la corte durará cuatro años en su cargo y los demás consejeros de la judicatura cinco años. Alargar ese periodo a través de una ley es inconstitucional, como inconstitucional fue cuando se reformó la constitución de Baja California y alargó el mandato de Jaime Bonilla (en la llamada Ley Bonilla). En ese entonces, el presidente de la corte afirmó que era un “fraude a la constitución”, por lo que, si entonces lo fue, ahora también es aplicable: la reforma aprobada por el Senado es (en caso de ser también aprobada por los Diputados), un “fraude a la constitución”.
Al ampliar el plazo de los consejeros y del presidente de la corte, el Legislativo (donde se impone la 4T) envía el mensaje que López Obrador clarificó en su mañanera: que tiene confianza en el presidente de la corte y en los consejeros (y, se entiende, desconfía de quienes pudieran llegar a esas posiciones cuando venzan los encargos de quienes hoy las ocupan). Por obvias razones, se trata de una verdadera interferencia del presidente y su partido en el Poder Judicial. Ese fuego lo ha avivado el silencio del presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, quien seguramente cree que debe guardar silencio hasta que el legislativo termine su proceso y determine si efectivamente en la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se ampliará su mandato como presidente de la corte y el mandato de los miembros del consejo de la judicatura federal.
Pero el silencio de Zaldívar es inútil: no podría participar en la discusión y votación de cualquier caso que se planteara en la Corte en el que se discutiera la constitucionalidad del artículo transitorio que amplía su mandato como presidente de la corte porque tiene interés en el asunto: en otras palabras, no puede ser juez y parte. Por eso, extraña el silencio del ministro más mediático de la corte en los últimos años y pone en duda su independencia –ya por muchos cuestionada- con relación a los intereses del gobierno de López Obrador.